Este día, se llevaron a cabo cuatro mesas de trabajo convocadas por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, a fin de analizar diversas propuestas en materia de fiscalización, plazos y Justicia Administrativa.

Reformas a la Ley de Ingresos del Municipio de Salamanca

En un primer momento, se analizó la iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de Salamanca para el Ejercicio Fiscal del año 2020, a fin de ampliar los descuentos por el pago anticipado del impuesto predial.

En su intervención, el tesorero del municipio de Salamanca, Humberto Razo explicó que la iniciativa surge para apoyar a los habitantes del municipio por la contingencia sanitaria por COVID-19, al otorgarles descuentos por pago anticipado del impuesto predial. Indicó que los descuentos se aplicarían en los pagos que se realicen en los meses del 10 por ciento en los meses de abril y mayor.

Al hacer uso de la voz, Belén del Rocío Espinoza Aguirre señaló que la propuesta de ampliación de descuentos del pago anticipado vulnera el principio de equidad tributaria de los contribuyentes que realizaron su pago en marzo, pues el descuento que se aplica en febrero, abril y mayo es mayor.

El asesor del Grupo Parlamentario del PRI señaló que la iniciativa es positiva; sin embargo, refirió que existen varias inconsistencias en la forma en la que se presentó la propuesta, así como en la exposición de motivos de la misma.

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos comentó que la iniciativa no es equitativa pues se dan mayores beneficios a quienes paguen en meses posteriores, por lo que pidió a la secretaria técnica la elaboración del dictamen en sentido negativo por no cumplir con la temporalidad y los aspectos técnicos. En este sentido, indicó que el municipio de Salamanca puede enviar, cuando así lo requiera, alguna otra propuesta que cumpla con las especificaciones para modificar su Ley de Ingresos.

Reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado en materia de fiscalización

En una segunda mesa de trabajo se revisó la iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la cual busca fortalecer el proceso de seguimiento de la fiscalización.

El diputado Víctor Zanella Huerta explicó que la iniciativa pretende fortalecer el seguimiento por parte de los legisladores locales sobre los resultados derivados de la actividad fiscalizadora del Estado. Detalló que la propuesta establece que la ASEG informará al Congreso del Estado sobre las acciones de seguimiento y atención de las recomendaciones, el estado de los procedimientos de responsabilidad administrativa, entre otros.  

El asesor del Grupo Parlamentario del PVEM señaló que la iniciativa busca que una vez que el Pleno del Congreso del Estado apruebe cada informe de resultados derivado del procedimiento de fiscalización, la Auditoría Superior del Estado debe remitir de manera cuatrimestral a la Comisión de Hacienda y Fiscalización un informe detallado de la imposición de responsabilidades derivadas de los procedimientos de fiscalización, así como el seguimiento de las recomendaciones correspondientes.

Al hacer uso de la voz, el asesor del Grupo Parlamentario del PAN señaló que la propuesta legal no pretende suprimir la etapa de investigación, cuyo resultado son las denuncias administrativas y penales correspondientes. En este sentido, señaló que la propuesta de reforma al artículo 65 sería suprimida y se continuará con la legislación vigente en la materia, a fin de evitar conflictos entre las autoridades dictaminadoras.

El titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, Javier Pérez Salazar comentó que apoya la propuesta de precisar la información que tiene que ver con la toma de decisiones y realizó diversas observaciones sobre la redacción de varios artículos, así como lo conveniente de modificar la Constitución Política local en la materia.

Por su parte, el Procurador Fiscal del Estado, Joel Humberto Estrella Cruz compartió lo comentado por el titular de la ASEG sobre la conveniencia o no de reformar la Constitución Política local, pues la Ley de Fiscalización podría subsanar lo propuesto.

El representante de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, Federico Ruíz Chávez, coincidió con sus antecesores sobre la pertinencia de realizar modificaciones constitucionales, además, hizo referencia a varias observaciones sobre la redacción de diversos artículos.

En una segunda participación, el diputado Víctor Zanella Huerta expuso diversas propuestas para mejorar la iniciativa y que se empate con la formulada por el Grupo Parlamentario el PVEM.

En su intervención, la diputada Celeste Gómez Fragoso consideró que es necesario realizar una segunda mesa de trabajo técnica para que se lleve a cabo una fusión de las dos propuestas y analizar a fondo el resultado de la misma.

En este sentido, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos coincidió con lo propuesto por su homóloga, por lo que pidió que se expongan los comentarios sobre los demás artículos y posteriormente realizar una mesa de trabajo para revisarlos.

El diputado Víctor Zanella Huerta se manifestó a favor de una segunda mesa de trabajo técnica pues señaló que es importante puntualizar las observaciones expuestas por los participantes y lograr reformas que permitan continuar con el proceso de fiscalización de manera puntual.

Reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado en materia de plazos

En una tercera mesa de trabajo se analizó la iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado, a fin de fortalecer el uso de tecnología e implementar la suspensión de plazos ante la existencia de factores que afectan el desarrollo de la función fiscalizadora.

Al respecto, la diputada Cristina Márquez Alcalá explicó que la iniciativa busca que las actuaciones o diligencias, siempre que su naturaleza así lo permita, puedan efectuarse a través de las herramientas electrónicas y que la ASEG pueda ampliar el plazo de ejecución del proceso de fiscalización por encima de los seis meses que actualmente contempla la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, cuando se presenten circunstancia que restrinjan la actividad fiscalizadora.

En su intervención, Javier Pérez Salazar comentó que la iniciativa es positiva pues permite que la función de fiscalización no se vea afectada por la contingencia sanitaria que se vive actualmente con la implementación de herramientas tecnológicas. Asimismo, expuso varios comentarios sobre la redacción de diversos artículos.  

Por su parte, Cecilia Genco Licéaga de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, refirió que la iniciativa es positiva pues permite que las entidades fiscalizadoras lleven a cabo su trabajo y enfrenten los nuevos retos derivados de la pandemia por COVID-19. De igual forma, realizó varios comentarios sobre la redacción de varios artículos para mejorar su entendimiento.

La diputada Claudia Silva Campos expuso observaciones a la redacción del artículo 15 que se refiere a las videollamadas y otros medios remotos de comunicación electrónica para evitar que resulte limitativo cuando se desarrollen nuevas herramientas tecnológicas.

Por su parte, la diputada Celeste Gómez se dijo a favor de la iniciativa y sugirió que se agregue un segundo artículo transitorio para que se realicen las adecuaciones a los reglamentos correspondientes derivados del decreto, además, hizo referencia a varias modificaciones de forma a los artículos para mejorar su redacción.

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos aplaudió las coincidencias en la propuesta legal y pidió a las secretarias técnicas de las Comisiones Unidas la elaboración del dictamen en sentido positivo.

Reforma a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato en materia de Justicia Administrativa

Finalmente, se revisó la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato que busca fortalecer la justicia administrativa en favor de los ciudadanos.

La legisladora Cristina Márquez Alcalá detalló que la iniciativa pretende que las resoluciones que determinen créditos fiscales o nieguen la devolución de cantidades que el inconforme considere que procedan conforme a la Ley, emitidas por autoridades fiscales municipales, puedan impugnarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa, yéndose de manera directa a una instancia de alzada respecto las municipales dando mayor certeza a la obtención de la revocación, reforma o sustitución del acto impugnado.

Al hacer uso de la voz, Federico Ruíz Chávez de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado comentó que algunas consideraciones de la exposición de motivos llaman la atención, pues dijo, parecería que se desconoce la posibilidad de que la autoridad municipal pueda actuar de manera objetiva e imparcial y sugiere que el Tribunal de Justicia Administrativa actuaría de manera parcial y sin objetividad, pues pareciera que resolvería siempre a favor del particular. Asimismo, expuso varios comentarios sobre la redacción de los artículos.

Por su parte, Yolanda Cerón Ramírez del Tribunal de Justicia Administrativa habló sobre lo positivo de actualizar el nombre del procedimiento administrativo, además realizó diversos comentarios sobre la redacción de los artículos.

La legisladora Cristina Márquez reiteró que la propuesta legal no establece que el ciudadano pueda realizar el trámite de manera directa en el Tribunal de Justicia Administrativa, sino evitar que el municipio juegue el papel de “juez y parte”.

En su intervención, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos consideró que es necesario realizar una mesa de trabajo con asesores y los entes consulados para buscar coincidencias y mejorar la redacción de la propuesta legal.

En las reuniones participaron las diputadas Alejandra Gutiérrez Campos (presidenta), Libia Dennise García Muñoz Ledo, Celeste Gómez Fragoso, Claudia Silva Campos, Lorena del Carmen Alfaro García, Laura Cristina Márquez Alcalá y María Magdalena Rosales Cruz, y los diputados Víctor Zanella Huerta, Raúl Márquez Albo, Rolando Fortino Alcántar Rojas, J. Guadalupe Vera Hernández y José Huerta Aboytes; así como el titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, Javier Pérez Salazar; el Procurador Fiscal del Estado, Joel Humberto Estrella Cruz; representantes de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado; la titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, Belén del Rocío Espinoza Aguirre; representantes del municipio de Salamanca; y asesores parlamentarios.