Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia llevaron a cabo una mesa de trabajo para analizar y clarificar los alcances de la iniciativa de Ley para la Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Guanajuato.

El diputado Gerardo Fernández González explicó que la creación de la Ley para la Evaluación del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Guanajuato sería fundamental para establecer un marco regulatorio para evaluar y darle seguimiento al nuevo sistema que entró en vigor en el 2016.

El representante del Poder Judicial señaló que tenía mérito la finalidad de la iniciativa porque buscaron mecanismos para determinar los avances y las áreas de oportunidad que pudiera tener el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, sin embargo, agregó que era necesario analizar más a fondo la necesidad de crear una ley.

Por su parte, la representante de la Fiscalía General mencionó que se revisó la factibilidad de la iniciativa, debido a que el propósito de la misma contaba con puntos que coinciden en la búsqueda de temas de transparencia y evaluación, pero recalcó que existen inconsistencias en algunos artículos, al no tener concordancia con la exposición de motivos, y que ya hay una instancia especializada encargada de dicha evaluación.

El funcionario de la Coordinación Jurídica dijo que se debería analizar si el mecanismo legislativo sería el más idóneo para regular el Sistema de Justicia Penal en la entidad, luego de que se consideró inviable la propuesta por la existencia de un órgano autónomo que cuenta con dispositivos de evaluación y de ciertos indicadores que darán seguimiento a cada uno de los elementos involucrados en el Sistema de Justicia Penal.

En su intervención, el diputado Bricio Balderas Álvarez manifestó que la finalidad de la iniciativa era un tema de relevancia para cualquiera de los entes de gobierno, no obstante las exposiciones, tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Coordinación Jurídica, reafirmaron que la propuesta no era oportuna, luego de que ya se cuenta atendida desde el mandato constitucional, además de que ya se le da seguimiento a la evaluación del Sistema de Justicia Penal al elaborarse un acuerdo de colaboración.

Al hacer uso de la voz, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá señaló que la ley estatal que se pretende crear no ha mostrado un sustento constitucional adecuado, por lo que indicó no dar seguimiento a la viabilidad. Pese a ello, la congresista comunicó que lo hablado en la mesa de trabajo permitirá llevar a cabo las inquietudes de la iniciativa a las instancias correspondientes para que con la participación de todos se pueda generar un adecuado del Sistema de Justicia Penal en el estado.

También se comentó que en los objetivos específicos no se establece una metodología clara, al no mencionar quién estará a cargo de las evaluaciones del Sistema de Justicia Penal, ni la fuerza jurídica de las mismas, aunado a que existiría la preocupación de si dichos mecanismos conllevan a una verdadera autonomía de poderes.

El diputado Gerardo Fernández Martínez informó que lo que se buscaba era la consolidación de instituciones con un marco normativo que garantice el cumplimiento de las revisiones, debido a que el mejor mecanismo para dar certeza, claridad y transparencia era el establecer elementos legales que atiendan necesidades reales.

Finalmente, la legisladora Susana Bermúdez Cano concluyó que las opiniones coinciden en la inviabilidad de la propuesta debido a que ya existen mecanismos que realizan una evaluación al sistema mencionado, por lo que instruyó a la secretaria técnica la elaboración de un proyecto de dictamen en sentido negativo.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Laura Cristina Márquez Alcalá y Yulma Rocha Aguilar, así como los diputados Bricio Balderas Álvarez, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, Gerardo Fernández Martínez y Cuauhtémoc Becerra González. También participaron representantes de la Fiscalía General, de la Coordinación General Jurídica, del Poder Judicial, asesores de grupos parlamentarios y funcionarios del Congreso del Estado.