Convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa para que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado (PRODHEG) promocione los protocolos de detención y uso de la fuerza policial y para hacer obligatorias sus recomendaciones.

PRODHEG promocione los protocolos de detención y uso de la fuerza policial.

El asesor del grupo parlamentario del Partido Morena, Miguel Morales,  expuso que la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, busca establecer como atribución de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), en coordinación con los municipios y el Estado, el diseño, elaboración, difusión y promoción de protocolos de detención y aseguramiento de personas, y el uso de la fuerza policial, con acciones necesarias para propiciar una cultura de respeto a la dignidad de las personas.

Por su parte, Alberto Estrella de la PRODHEG, externó que es conveniente considerar la normativa nacional y estatal vigente en la materia, puesto que ya contienen tanto protocolos de actuación con perspectiva de género, así como el aseguramiento y uso de la fuerza policial.

Asimismo, expresó las competencias ya plasmadas en los ordenamientos vigentes, por tanto, manifestó que la normativa establece que los organismos facultados para la emisión de los protocolos expresados en la iniciativa son las instituciones de seguridad pública. Aunado a lo anterior, dijo, la iniciativa contraviene las disposiciones expuestas.

Al hacer uso de la voz, Alfredo Sainez del Instituto de Investigaciones Legislativas (INILEG), manifestó que, las instituciones de seguridad pública son encargadas de emitir protocolos de actuación conforme a la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza; en el ámbito local, la PRODHEG conduce la política estatal, entre sus atribuciones, es la de colaborar de manera interinstitucional para promover cambios y mejorar la implementación de derechos humanos en la entidad, y la tarea de las detenciones y aseguramientos de las personas debe respetar los estándares internacionales de los derechos humanos.

En ese sentido, refirió que la iniciativa presentada debe ser congruente con la legislación nacional y local, respecto a la competencia de las actividades de las instituciones de seguridad como la emisión de protocolo, por lo que, dijo se debe preservar la armonía de la legislación actual.

Juan Manuel Álvarez, asesor del GPPRI, coincidió con los comentarios anteriormente expuestos, y agregó que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación regula el tema de aseguramiento de personas. Además, comentó que el tema de la propuesta ya se encuentra contemplado en ley, por lo que se estaría sobre regulado.

En su intervención, la congresista Janet Melanie Murillo Chávez concluyó que la Procuraduría de los Derechos Humanos no es la instancia para la emisión de protocolos, ya que es una atribución que se encuentra asignada a las instituciones de seguridad pública, por tanto, ya se encuentra regulada.

En el mismo sentido se pronunció la diputada Katya Cristina Soto Escamilla, quien externó que todas las aportaciones son válidas y que se tomarán en cuenta al momento de emitir una dictaminación.

Hacer obligatorias recomendaciones de la PRODHEG

Al hacer uso de la voz, Rodrigo Cabrera, asesor del grupo parlamentario del Partido MORENA, expuso que el objetivo de la propuesta de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato es hacer obligatorias las recomendaciones emitidas por Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para la Fiscalía General del Estado y las instituciones municipales y estatal de seguridad pública.

Alberto Estrella precisó que en 2011 se modificó artículo 102 de la Constitución Política mexicana, en el cual se regula el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Asimismo, agregó, la Constitución Política local replica lo señalado en dicho artículo, el cual establece que la PRODHEG emite recomendaciones públicas no vinculatorias, por lo que consideró no viable la iniciativa puesto que contraviene lo señalado en la normativa vigente nacional y estatal.

Mario Revilla del INILEG, expuso algunos fundamentos jurídicos en los que refirió que la inserción del término vinculante transgrede el artículo constitucional 102 por lo que la propuesta era improcedente y resultaría anticonstitucional.

Por su parte, Juan Manuel Álvarez, asesor del grupo parlamentario del PRI, señaló que hacer recomendaciones vinculantes sería trastocar la naturaleza jurisdiccional de la PRODHEG. Además, refirió que lo que se debe trabajar es la redacción y el diseño de las resoluciones para que en sí mismas contengan una fuerza vinculante.

Rodrigo Cabrera argumentó que existe una interpretación restrictiva y precisó que las actividades de seguridad pública y la investigación del delito podría considerarse como no administrativas, por lo que las recomendaciones podrían ser vinculatorias.

La congresista Janet Melanie Murillo Chávez Melanie externó que en la palabra vinculante es donde radica la relevancia, pues, dijo, que ni siquiera las recomendaciones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes.

Carlos Torres Ramírez, asesor del GPPRI, precisó las atribuciones y la naturaleza esencial de los organismos protectores de los derechos humanos, y señaló que las recomendaciones que emite la Procuraduría no son vinculantes, sino una fuerza pública, moral o ética para aquellos que quebrantan los derechos fundamentales.

Finalmente, el congresista David Martínez Mendizábal concluyó que ambas propuestas continuarán en análisis.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Katya Cristina Soto Escamilla, Briseida Anabel Magdaleno González y Janet Melanie Murillo Chávez; así como el diputado David Martínez Mendizábal.

Además, participó, Alberto Estrella de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; representantes del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso, así como asesores de los diversos grupos parlamentarios.