En sesión de la Comisión de Justicia se aprobaron los dictámenes de cumplimiento de requisitos de las presentadas para ocupar el cargo de magistrados y consejera del Poder Judicial.

Se trata de tres ternas formuladas por el Consejo del Poder Judicial del Estado, relativas a la designación de una o un magistrado propietario en materia penal, de una magistrada y de un magistrado propietarios en materia civil, la cuales están integradas de la siguiente manera:

La primera por Francisco Medina Meza, Ma. Cristina Cabrera Manrique y Carlos Alberto Llamas Morales; la segunda, conformada por Claudia Ibet Amezcua Rodríguez, Edna Jéssica Muñoz Escoto y Elizabeth Amor Venegas Rodríguez; y la tercera, integrada por Francisco Javier Zamora Rocha, Hugo Ernesto Hernández y Gabriel Morales Díaz.

De igual manera, la terna suscrita por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para designar una consejera del Poder Judicial, conformada por: Imelda Carbajal Cervantes, Rosa Ivonne Arrona Gómez y Gabriela Naranjo Guevara.   

También se aprobó el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de una iniciativa de reforma al Código Penal que buscaba incrementar el castigo al delito de trata cuando sea cometido en contra de niñas, niños y adolescentes.

Además, se acordó llevar a cabo el análisis de las iniciativas de reforma al Código Civil que plantean incorporar el divorcio administrativo y eliminar las anotaciones por reconocimiento, en las actas de nacimiento, en reunión de la Comisión en la que participen los entes consultados.

Incrementar la pena por homicidio simple doloso

En la reunión se analizó la iniciativa de reforma al Código Penal que busca incrementar la pena mínima de prisión de diez a quince años en el delito de homicidio simple doloso, a efecto de los sentenciados por ese delito no obtengan su libertad condicionada en cinco años, cuando se les aplica la pena mínima.

El diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes destacó que era importante ponderar no solo la libertad del agresor sino el daño-causa y observar el principio de proporcionalidad, y subrayó que la propuesta no alteraba la pena máxima ni la multa impuesta.

El magistrado Plácido Álvarez Cárdenas precisó que el aumento de penas no genera los resultados que se esperan y que siempre existe la intención de incrementarlas, pero que no era siempre lo mejor. Dijo que el aumento de la punibilidad mínima no debe obedecer a que el acusado no alcance los beneficios que la ley penal le concede, y que hacer esta modificación sería querer privilegiar el tema de la prisión y echar abajo los principios conseguidos de la inserción social.

Por su parte, Elizabeth Durán funcionaria de la Fiscalía General manifestó que se tenía que analizar desde los principios de proporcionalidad y la inserción social, y que los rangos máximos y mínimos permiten al juzgador establecer la pena con base en la gravedad. También habló de los requisitos que se deben colmar para la libertad condicional.

La diputada Susana Bermúdez Cano apuntó que la iniciativa abordaba dos temas principales la actualización de la pena mínima y que los acusados obtengan su libertad condicionada en cinco años, sin embargo, se tenía también que revisar el principio de necesidad, que debía considerar la proporcionalidad de las penas y analizarse de una manera integral para no alterar el marco jurídico.

Por su parte, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá indicó que había coincidencia en diferentes aspectos por parte de los participantes y mencionó que para tener el acceso a la libertad condicional se tienen que evaluar y cumplir con diferentes criterios y que faltaba el estudio de proporcionalidad, por lo que solicitó la dictaminación en sentido negativo.

Finalmente, el legislador Gustavo Adolfo Alfaro Reyes reiteró que la propuesta buscaba cerrar la puerta giratoria.

Radicaciones

Como parte del orden del día se radicaron cinco iniciativas. La primera propone reformas al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para adicionar disposiciones relativas a medidas cautelares, con el fin de tutelar las garantías procesales de las partes en el juicio administrativo; la segunda, plantea modificaciones al Código Civil con la finalidad de introducir la conducta de violencia vicaria en el marco normativo estatal; y la tercera, cambiar la Ley Orgánica de la Fiscalía General con el objeto de que las Comisiones del Congreso participen en el proceso de elección del titular del órgano interno de control de dicha institución.

Las otras dos, inciden en el Código Penal con el objetivo de implementar mecanismos legales para fortalecer la atención al delito de abuso sexual, y desmotivar y agravar las penas por la comisión del delito de trata de personas.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta) y Susana Bermúdez Cano; así como los diputados Cuauhtémoc Becerra González, Bricio Balderas Álvarez y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.

Además, participaron funcionarios de la Fiscalía General, de la Coordinación General Jurídica y del Supremo Tribunal de Justicia.