Este día se llevó a cabo una mesa de trabajo para dialogar con el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, sobre el primer informe de actividades de la Fiscalía General, así como del estatus que guarda la procuración de justicia en Guanajuato.

Al iniciar la reunión, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que asumían con responsabilidad su encomienda constitucional de representación ciudadana y rendición de cuentas, a través de este ejercicio en la modalidad de mesa de trabajo para que las personas estén informadas y se pudieran despejar y clarificar dudas sobre la información y el estado que guarda la gestión actual de la Fiscalía.

El congresista, enfatizó que las diputadas y los diputados estaban convencidos de que la transparencia en los en los órganos del quehacer del estado generaba certeza y confianza en la sociedad.

Asimismo, dio a conocer la mecánica de la reunión en la cual se realizaron cuatro rondas de preguntas; en cada una las diputadas y los diputados tuvieron la posibilidad de realizar cuestionamientos atendiendo al criterio de proporcionalidad en el Pleno.

En la primera ronda de preguntas intervinieron las diputadas y los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta, Paulo Bañuelos Rosales, María Magdalena Rosales Cruz, José Huerta Aboytes, Laura Cristina Márquez Alcalá, Israel Cabrera Barrón, Isidoro Bazaldúa Lugo, Emma Tovar Tapia y Rolando Fortino Alcántar Rojas.

Las y los diputados cuestionaron sobre el ataque suscitado en un anexo en la ciudad de Irapuato, cuáles habían sido los resultados y si en algún momento habían considerado trasladar alguna investigación a la federación; qué había pasado en el operativo del pasado 20 de junio y por qué se accedió a realizar el apoyo si sabían de antemano que no se contaba con las órdenes de cateo por delitos de delincuencia organizada y qué hacía falta hacer desde el Congreso para que pudiera obtener mejores resultados en favor de la población; qué consideraba había hecho mal para que la inseguridad y la impunidad se encontraran a la alza, y si pensaba que uno de los factores que habían favorecido al incremento era la corrupción de grupos políticos en el estado o si identificaba colusión con los grupos criminales.

También indagaron respecto a si consideraba que los agentes del Ministerio Público que participan en la etapa de investigación inicial y durante el proceso se encontraban debidamente capacitados para resolver e investigar con asertividad y profesionalismo; qué medidas concretas se habían implementado para reducir el índice de impunidad; si tenían contemplado crear nuevas cedes del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guanajuato; a cuántas familias se había apoyado con el Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito; la visión de la Fiscalía ante el incremento de la violencia homicida; su estrategia para abatir la impunidad en la investigación y sanción del delito de homicidio; entre otras.

El funcionario manifestó que se encontraban en investigación los hechos suscitados en Irapuato; que el revés en la resolución del 20 de junio no era el final de combate a un grupo delictivo y que la Fiscalía no cesaría en la colaboración con ninguna institución, porque lo que se intentaba era combatir la delincuencia y hacer prevalecer el Estado de Derecho; que era inexacto culpar a una sola institución de los resultados de la inseguridad y para ello se debía comprender que el concepto integral de seguridad pública está conformado por diferentes autoridades e iban desde la prevención hasta la reinserción; recordó que el tipo de sistema de procuración de justicia hacía que no todos los casos judicializados tuvieran una sentencia condenatoria sino que se solucionaban a través de medios alternativos y que de cada 10 casos que se llevan a justicia alternativa en el país, 3 eran de Guanajuato;  dijo que 4, 939 personas que se vieron beneficiadas del fondo de atención para víctimas; y que la causa del incremento de la violencia homicida  era la lucha entre dos cárteles por el control en la venta de droga y la extracción de hidrocarburo; entre otras cosas.

En una segunda ronda de preguntas participaron las diputadas y los diputados Ernesto Prieto Gallardo, Lorena del Carmen Alfaro García, Alejandra Gutiérrez Campos, J. Jesús Oviedo Herrera, Katya Cristina Soto Escamilla, Vanessa Sánchez Cordero, Raúl Márquez Albo, J. Guadalupe Vera Hernández, Armando Rangel Hernández, Juan Elías Chávez

Las legisladoras y los legisladores realizaron preguntas sobre la atención que se les brida a las familias de las víctimas de los atentados en los anexos en el municipio de Irapuato, si han solicitado medidas de protección para resguardar su seguridad; si el personal de la Fiscalía ha sido capacitado para atender a las familias de personas desaparecidas y el número de personas atendidas; cuántas agrupaciones delictivas tienen identificadas en la entidad, cómo las han combatido, los resultados obtenidos y el número de personas detenidas; así como los beneficios que obtiene la ciudadanía con los reconocimientos que ha recibido la Fiscalía y los mayores retos que enfrentan para abatir la impunidad y disminuir los delitos. Respecto a los feminicidios, cuestionaron cuáles son las acciones que se han tomado para resolver dichos delitos y cuántos se han prevenido.

De igual forma, preguntaron sobre el trabajo que se dejó de hacer para que Guanajuato viva en la situación actual de inseguridad, cuántas detenciones han terminado en una sentencia condenatoria o han utilizado mecanismos alternativos y cuántas personas responsables del delito no son condenadas o no reparan el daño; así como el número de carpetas de investigación se han abierto por los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y si es suficiente el combate a la corrupción que se ha realizado en todos los ámbitos.  

Además, formularon preguntas sobre el diseño, la implementación y evaluación del programa de procuración de justicia; el número de detenidos por portar armas de fuego de uso exclusivo del ejército, cuántos se han puesto a disposición de las autoridades y cuántos son puestos en libertad. También, cuestionaron la coordinación que existe con la federación en materia de inteligencia y si la Fiscalía cuenta con las herramientas tecnológicas para atender el tema de seguridad en e