Concluye INE fiscalización del Proceso Electoral 2020-2021 y aprueba sanciones por 1,203 MDP

• INE cumplió con su facultad fiscalizadora en tiempo real y a 49 días de concluidas las campañas
• Se revisaron 39 mil 448 informes correspondientes a 29 mil 612 candidaturas a las que se auditaron más de 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos

El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con la fiscalización del Proceso Electoral Federal y los 32 Locales concurrentes 2020-2021 al aprobar los dictámenes respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes.

En sesión extraordinaria el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, reveló que como resultado de la revisión que realizó la autoridad electoral, se aprobaron sanciones por más de 1,203 millones de pesos ante las diversas irregularidades detectadas.

Al dar cuenta del tamaño del trabajo realizado a 49 días de concluidas las campañas, Córdova Vianello destacó la revisión y fiscalización de 39 mil 448 informes correspondientes a 29 mil 612 candidaturas a las que se auditaron 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos.

También, dijo Córdova, se revisaron aleatoriamente 1 millón 406 mil 126 eventos proselitistas; 754 mil 910 registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización y 24 mil 319 cuentas bancarias, además de que se atendieron 748 quejas vinculadas con las campañas.

El Consejero Presidente agradeció el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización por las dimensiones inéditas que dieron lugar a la fiscalización más grande de la historia de la democracia mexicana, la cual, a pesar de tener muchas cosas por mejorar, demostró ser un modelo viable. 

Al presentar los proyectos de resolución, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, aseguró que los dictámenes dan cuenta del cumplimiento del INE para auditar en tiempo real el origen y destino de los recursos erogados durante las campañas, para que se pueda proceder a la calificación de las elecciones.

La Consejera informó que, derivado de la revisión que realizó la autoridad electoral, se pudo constatar que únicamente el 1.6% de los informes a nivel local no fueron presentados por los actores obligados, además de que se actualizaron 274 rebases de topes de gastos de campaña de 239 candidaturas no ganadoras y 35 ganadoras a nivel local, aunque sólo en 5 casos la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 5%.

Agregó que durante la revisión contable se advirtieron 60 tipos de irregularidades que cometieron los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. En ocho de estas conductas se concentra el 73.10% de las sanciones impuestas, entre las cuales destacan los egresos no reportados.

Incumplen partidos con destinar el 40% del financiamiento público a sus candidatas mujeres

La Consejera Carla Humphrey subrayó la omisión de los partidos para destinar el 40% de sus recursos públicos a las candidaturas de mujeres a nivel local, ya que sólo en cuatro entidades se cumplió el requisito. 

Frente a ello externó su rechazo al criterio de sanción por esta falta, que va de la amonestación pública hasta el 150% del monto que no se destinó, ya que el principio constitucional de paridad no admite graduaciones. 

La Consejera Norma De la Cruz añadió que esta sanción no es suficiente para inhibir la conducta e incentiva a los partidos a no cumplir con el financiamiento establecido del 40% para mujeres. 

Por ello, estimó que la sanción no contribuye a combatir o erradicar la violencia política en razón de género y resulta incongruente con el espíritu del acuerdo, por lo que llamó a ser firmes e imponer una sanción contundente ante la vulneración del principio de paridad. 

De igual forma, De la Cruz evidenció la necesidad de aumentar la sanción relacionada con la persistencia de partidos y coaliciones de contratar bienes y servicios con proveedores que no están inscritos en el Registro Nacional de Proveedores que permitan dar certeza de la legalidad de todas las operaciones.