“El consumo de alcohol, las drogas y otras sustancias previo a conducir de motor o no motorizado, es uno de los principales factores de riesgo de los accidentes viales, y su control, es fundamental para prevenir la ocurrencia de tragedias”, manifestó el diputado del PAN, Rolando Alcántar Rojas. 

Lo anterior, al presentar, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, a fin de elevar la pena mínima y máxima, en los casos de que el homicidio y las lesiones culposas se cometa por quien conduzca un vehículo bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

El legislador de Acción Nacional refirió que manejar en estado de ebriedad o por consumo de drogas es la segunda causa de los accidentes de tránsito en el país, “por lo que, es tarea de todas y todos, sociedad y gobierno, acabar con esta conducta sumamente peligrosa para las y los ciudadanos”. 

Alcántar Rojas explicó que la propuesta busca establecer sanciones de cuatro a once años de prisión; agregó, que en los casos de lesiones la pena de prisión que fije el juez o el tribunal, se le agrega hasta una tercera parte. 

Expuso también de que, si el homicidio y las lesiones culposas son cometidos por prestadores de un servicio público o remunerado de transporte de personas o cosas, bajo las mismas circunstancias, la pena para homicidio se eleva de seis a trece años de cárcel y en lesiones aumentará dos tercios de la pena de prisión.  

El congresista indicó que adicional a lo anterior, la iniciativa contempla la cancelación definitiva de la licencia para conducir vehículos de motor. 

“Desde Acción Nacional sabemos que cada vez que se previene una muerte por conductores ebrios o bajo otra sustancia, significa evitar una enorme cantidad de sufrimiento, en temas como la pérdida de la vida, lesiones o incluso en la afectación al patrimonio de las personas”, mencionó. 

Finalmente, y a nombre de las y los legisladores de Acción Nacional, Rolando Alcántar refrendó su solidaridad con las familias de las personas que han perdido la vida y las víctimas de estos lamentables hechos. 

La propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictaminación.