Hasta 25 años de cárcel a quien robe combustible: Yulma Rocha

Hasta 25 años de cárcel a quien robe combustible: Yulma Rocha
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El Mercado Ilícito de Combustibles en nuestro País, se ha convertido en una de las principales fuentes de recursos para organizaciones delictivas y grupos de la delincuencia organizada.

Este Ilícito se ha incrementado significativamente, en 2013 se presentaron 3,267 denuncias y en 2014 se han presentado 5,090 lo que representa un aumento del 55% y el impacto económico estimado para PEMEX por el ilícito de combustibles por año asciende a 40 mil millones de pesos; otro de los efectos del mercado ilícito lo constituye el impacto al medio ambiente pies al descontrolarse las tomas clandestinas se provocan derrames que contaminan terrenos, arroyos y ríos, o bien se producen emisiones contaminantes a la atmósfera, sumado a que también representa un riesgo latente para la población.

Guanajuato es, después de Tamaulipas, el segundo Estado donde se detectaron más tomas clandestinas en ductos de Pemex en el presente año y es en Irapuato donde se presentan el mayor número de tomas registradas en Guanajuato.

En atención a esta problemática, y ante la falta de herramientas jurídicas eficaces, y ante un marco legal inadecuado para el combate del mercado ilícito de combustibles, se expide la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, diversas reformas del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio.

Al respecto la Diputada Federal por Irapuato dijo «Con esta Ley buscamos proteger nuestros recursos energéticos, así como la vida y la economía de nuestras familias, castigar a quien sustraiga, compre, enajene, reciba, negocie con hidrocarburos adquiridos de manera ilegal inclusive a quien almacene, transporte o los oculte.

Las penas van desde multas de carácter económico dependiendo de la conducta hasta penas privativas de la libertad de 1 año hasta 25 años incluso existe la obligación del Ministerio Publico de la Federación de asegurar el establecimiento mercantil o empresa vinculada con la comisión del delito.

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