Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevaron a cabo cuatro mesas de trabajo para analizar diversas iniciativas.

Concepto de fosas clandestinas y fosas comunes

En la primera mesa de trabajo se analizó la iniciativa de reforma al artículo 4 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con la que se busca homologar criterios a nivel nacional de lo que debe entenderse como fosas clandestinas y fosas comunes.

La diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo manifestó que la propuesta buscaba que se definiera lo que es una fosa clandestina porque era importante para que hubiera una sola definición a nivel nacional, lo que permitiría mejorar el registro y la coordinación en todo el país.

Por su parte, el magistrado Francisco Medina consideró que esa una propuesta viable porque los objetivos de esta eran buscar una congruencia y que, establecer una definición clarificaría determinadas problemáticas, además de que se podría brindar una mejor información a la federación y tener una colaboración más estrecha con distintas autoridades.

En su intervención, Alejandro Rocha Pedraza de la Coordinación General Jurídica indicó que consideraban necesario que el legislador federal estableciera una definición marco pues de otra forma cada entidad establece una diversa lo que hace complejo el registro nacional. En el mismo sentido se manifestaron la representante de la Fiscalía General y de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Derecho al libre desarrollo de la personalidad

En la segunda mesa de trabajo se revisó la propuesta de reforma al artículo 1 de la Constitución Política del Estado para que sea reconocido el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Al respecto, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá realizó algunas consideraciones y señaló que dentro de la dignidad humana se encontraban implícitos diversos derechos y que se respetaba al ser humano por simple derecho de ser, por lo que no creían necesario hacer una modificación en la Constitución Política local.

Por su parte, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo apuntó que no estaban en contra de que no haya un reconocimiento del derecho, sino que ya existía un reconocimiento de la dignidad de la persona y de ahí se desprendían muchos otros derechos, entre ellos el desarrollo de la libre personalidad y no entendían la necesidad de desdoblar ese concepto.

Asimismo, agregó que en el dictamen se argumentaría la pertinencia de no dar un concepto autónomo a dicho derecho.

Modificar concepto anciano por adulto mayor

Durante la tercera mesa se analizó una iniciativa de reforma al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, presentada por el ayuntamiento de Silao de la Victoria, que busca usar el lenguaje incluyente, a fin de combatir la discriminación y estereotipos tradicionales atribuidos a los adultos mayores.

En ese sentido, Marcela Patricia Hinojosa Navarro expuso la motivación de la propuesta y manifestó que la importancia de los adultos mayores implicaba grandes cambios en el lenguaje, por lo que era necesario replantear los hábitos lingüísticos para que respondieran a la nueva realidad y que la propuesta buscaba modificar el término anciano por adulto mayor.

La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá apuntó que con la modificación del término anciano por adulto mayor se podría dar mayor relevancia al estatus de las personas que aportan tanto con la experiencia obtenida a lo largo de la vida, por lo que coincidían con la iniciativa.

Utilizar odontología forense y la antropometría en la identificación de un cuerpo

En la última mesa de trabajo se revisión una propuesta de reforma a la Ley de Víctima que plantea se utilice la odontología forense y la antropometría en la identificación de un cuerpo.

El magistrado Daniel Chowell indicó que ya existía la obligación de que las exhumaciones se realicen con la debida diligencia y respeto a los protocolos y estándares internacionales, por lo que no encontraban la necesidad de constreñir a dos protocolos, como los mencionados en la propuesta legal, por lo que consideraban que no resultaba necesaria la reforma propuesta. En el mismo sentido se pronunciaron tanto los representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos como de la Coordinación General Jurídica y de la Fiscalía General quienes precisaron que en diversas leyes se manejan los protocolos por lo que no resultaba procedente adicionar dichos procedimientos porque se estaría sobreregulando.

Jorge Luis Hernández, asesor del grupo parlamentario del PRI, precisó que en el punto de vista sustantivo coincidían con la propuesta, sin embargo, manifestó que como tal no podrían ir con la misma, pero recordó la iniciativa presentada por su grupo para crear un órgano autónomo pericial lo que sería una restructura de fondo y se podría atender de manera pronta a los deudos de los familiares.

En la mesa de trabajo participaron las diputadas Libia Dennise García Muñoz Ledo y Laura Cristina Márquez Alcalá; así como los diputados Raúl Humberto Márquez Albo y Rolando Fortino Alcántar Rojas.

También estuvieron presentes los magistrados Francisco Medina Meza y Daniel Chowell Arenas; Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de Derechos Humanos; José Federico Ruiz Chávez y Carlos Alejandro Rocha Pedraza de la Coordinación General Jurídica, Elizabeth Durán Isais y Jonathan Moreno Becerra de la Fiscalía General; y Marcela Patricia Hinojosa Navarro, regidora del municipio de Silao.