Las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Fiscalización aprobaron el dictamen relativo a la solicitud formulada por el ayuntamiento de Guanajuato para que se le autorice la contratación de un financiamiento hasta por la cantidad de $69’993,000.00 (sesenta y nueve millones novecientos noventa y tres mil pesos 00/100 m.n.), para destinarlo al proyecto de inversión pública productiva del Nuevo Museo de las Momias y área comercial en la ciudad de Guanajuato.

La legisladora María Magdalena Rosales Cruz expresó su postura de dicho dictamen e indicó que, como anticiparon, la simulación del análisis había sido notoria, porque únicamente se realizaron dos mesas de trabajo en un tema de gran relevancia y que el dictamen sólo mencionaba que las personas participantes vertieron los puntos de vista de las organizaciones que representaban, más no las valoraciones de las mismas.

Además, dijo, que se omitió que se solventará lo comentado en la segunda mesa por parte de los participantes y que era evidente que la respuesta al proyecto ya estaba tomada hacía mucho tiempo, y que pese a que conocía el sentido del voto el proyecto tenía algunos riesgos, entre ellos convertirse en un elefante blanco más.

La congresista recordó que la Comisión había rechazado previamente el proyecto por las condiciones derivadas de la pandemia, que aún se encuentran vigentes, pero pareciera que ahora no importaban.

“Manifestamos que es inaceptable continuar con la validación de este proyecto que vulnera la dignidad de la vida pública de la capital del estado de Guanajuato”, finalizó.

Por su parte, la congresista Celeste Gómez Fragoso realizó algunas precisiones al dictamen y solicitó que dentro de las consideraciones del dictamen se tomará en cuenta lo que se escuchó con relación al tema de protección civil que se abordó en la mesa de trabajo y la importancia de contar con un esquema de protección civil que verdaderamente cumpla con los requerimientos actuales.

Asimismo, la precisión de que el destino de los recursos es en un museo con fines culturales, educativos y científicos, y en la parte del Decreto que se entrecomille o ponga en cursivas el nombre del proyecto.

En respuesta, la legisladora Rosales Cruz subrayó que no cambiando el nombre del proyecto cambiaban los objetivos meramente lucrativos del proyecto, y que era una plaza comercial con momias donde no se estaba tomando en cuenta el manejo que se tenía que hacer de cuerpos humanos y se estaba utilizado solo de manera morbosa para atraer más visitantes; a lo que la congresista Celeste Gómez Fragoso comentó que no se refería a que se le cambiara el nombre, porque esa era facultad del municipio, sino a que se pusiera en las consideraciones la finalidad del proyecto.

El legislador Víctor Manuel Zanella Huerta enfatizó que el dictamen puesto a consideración cumplía con los requisitos establecidos en ley y reconoció la gran participación ciudadana, en un ejercicio de Parlamento Abierto, que tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista, así como la recepción de los comentarios en la liga habilitada para dicho fin y precisó que en una democracia habrá opiniones a favor y en contra, pero lo importante era escuchar todas las voces.

Finalmente agregó que era importante resaltar que el expediente contaba con el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Como parte del orden del día de la sesión, se radicó y aprobó la metodología de análisis de la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado, a efecto de que se le autorice la contratación de financiamientos con instituciones financieras que operen en territorio nacional, en las mejores condiciones del mercado, hasta por la cantidad de $2,000’000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), remanente no contratado de la autorización otorgada mediante el Decreto número 298, de fecha 17 de diciembre de 2020.

Al respecto, la congresista María Magdalena Rosales Cruz indicó que le llamaban la atención varias cosas, entre ellas, que el Gobierno del Estado se sintiera incapaz de ejercer la contratación de deuda autorizada que le faltaba y que la Comisión evidenciara cada vez más prisas, pues se realizaría una dictaminación al vapor sin importarle los pendientes que tenía.

En ese sentido, propuso un ajuste a la metodología para que no se remitiera únicamente a las y los diputados, sino que se considerara a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; que el plazo se ampliara de 2 días hábiles hasta 8 días hábiles; que la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas incluya una proyección de los intereses que se pagarían por ella, recorriendo el  plazo del 8 de septiembre al 15 de septiembre del presente año y que se habilitara una liga en el portal del Congreso para consulta ciudadana.

Finalmente, dijo que la adicción a la deuda se repetía y que era un vicio que arrastraba el gobierno de Guanajuato.

Por su parte, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta apuntó que no era una deuda nueva lo que se iba a aprobar sino un ajuste técnico a 2 mil millones de pesos, con el objetivo de buscar mejores condiciones financieras para contratar dicho recurso y afrontar el año 2022 de una manera más sólida, más cuando se habían reducido los recursos por parte del gobierno federal para la entidad.

El diputado José Luis Vázquez Cordero puntualizó que la entidad había sido abandonada en los recursos concurrentes que permitían en el pasado hacer obras importantes para los habitantes de Guanajuato y se había dejado de tener ese apoyo, y que los perjudicados eran todos los guanajuatenses.

Al ser sometida a votación la propuesta de ajuste a la metodología, presentada por Rosales Cruz, no fue aprobada; por lo que para su estudio, la propuesta se remitirá la iniciativa a las diputadas y a los diputados integrantes de la LXIV Legislatura, quienes contarán con un plazo de 2 días hábiles, para remitir sus comentarios y observaciones; a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, a fin de que realice el análisis técnico financiero de la misma y lo remita a más tardar el 8 de septiembre de 2021; y el 9 de septiembre de 2021 se llevará a cabo una mesa de trabajo con diputados integrantes de la Comisión, asesores, funcionarios de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas para analizar las observaciones remitidas.

También se radicaron los informes de resultados de las auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por Atarjea y Uriangato (periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2020); así como el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (ejercicio fiscal del año 2020).

En los trabajos de la Comisión participaron los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente) y José Luis Vázquez Cordero; así como las diputadas Celeste Gómez Fragoso, Ma. del Rocío Jiménez Chávez, Claudia Silva Campos. Los acompañaron, las legisladoras María Magdalena Rosales Cruz y Martha Isabel Delgado Zárate.