A propósito de la información publicada en medios de comunicación sobre la compra venta de los terrenos para la instalación de la empresa automotriz japonesa Toyota, donados por el Gobierno de Miguel Márquez Márquez, que pudo suponer una ganancia millonaria a la empresa intermediaria, la coordinadora del GPPVEM, la diputada Beatriz Manrique Guevara presentó un exhorto al titular del Ejecutivo para que informe de manera puntual a este Congreso del Estado, la formalización de cada uno de los procedimientos de adquisición y las posteriores enajenaciones que se han realizado, en atención a la desafectación y enajenación de la reserva territorial de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande.

“Es lamentable, que esta transacción sea como otras en el pasado, objeto de varios cuestionamientos en torno a los procedimientos para la adquisición de dichos predios. Señalando omisiones o irregularidades,  dolo en la formalización y enajenación de los predios de propiedad privada y propiedad social, es decir, la propiedad ejidal”, expresó Beatriz Manrique en tribuna al explicar que aunque en su momento el GPPVEM dio su voto de confianza para aprobar esta iniciativa del Gobernador, la cual, podría llegar a ser relevante para el crecimiento y desarrollo de los habitantes del Estado fortaleciendo el cluster automotriz, hoy “exigimos que cada uno de estos procedimientos sean ejecutados con todos los elementos de transparencia. Evitando en todo momento especulaciones en las cantidades que se pagaron por cada metro cuadrado a los pequeños propietarios y ejidatarios de dichos predios”.

Y es que a día de hoy, desde la bancada pevemista explican que no se ha recibido información oficial en este Congreso del Estado sobre el avance de los procedimientos de adquisición de los predios de referencia, información que a pesar de ser reservada según los responsables de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Gobierno del Estado, aseguraron que previa a la adquisición de cada predio se revisaría con lupa de detalle el antecedente y origen de cada uno de los predios, así como garantizaron que el valor propuesto sería acorde a los precios señalados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y que seguramente el precio de los predios ejidales sería mayor, en comparación con el precio de los predios de propiedad privada.