El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y al Código Civil estatal con el objeto de incorporar la atribución de los ayuntamientos para establecer procuradurías  auxiliares, a fin  de garantizar  el  efectivo   cumplimiento   de   las   obligaciones   generales, constitucionales  e  internacionales  de  promoción,  respeto,  protección  y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Al exponer los motivos, el legislador José Alfonso Borja Pimentel señaló que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dio lugar a la creación de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, y los ayuntamientos tienen la obligación de contar con un programa de atención y un área o personas servidoras públicas encargadas de fungir como autoridad de primer contacto con niñas, niños y adolescentes.

Aunado a ello, el congresista manifestó que en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes estatal, no se contiene una referencia específica a su denominación y atribuciones de la procuraduría, por lo que la iniciativa contribuirá a crear entes auxiliares que fungirán como el primer contacto en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes; recibir, atender y dar seguimiento a denuncias; solicitar   al   Ministerio   Público   la   imposición   de   medidas   urgentes   de protección especial; así como denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito.

El diputado precisó que la implementación de dichas medidas tiene como objetivo garantizar la seguridad y protección efectiva de los derechos de la niña, el niño y las y los adolescentes, en tanto el Estado realiza las acciones necesarias que le permitan verificar la posibilidad de que las condiciones familiares que generaron la separación puedan ser superadas, permitiendo la reintegración del niño, niña o adolescente a su familia; o bien, en caso contrario, su integración a una familia diversa, como una solución permanente.

Borja Pimentel indicó que de manera complementaria, la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato también tendrá la obligación de mantener un sistema de información y registro actualizado que incluya a las niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción; a las personas solicitantes de adopción y aquellas que cuenten con certificado de idoneidad; las adopciones concluidas, desagregadas en nacionales e internacionales; y las niñas, niños y adolescentes adoptados.

Finalmente, comentó que lo relativo al Código Civil se relaciona con las atribuciones con las que contarán dichas procuradurías en alusión con niñas, niños o adolescentes expósitos o abandonados, que contribuirá a asegurar las condiciones para el desarrollo pleno e igualitario de los grupos prioritarios del estado.

La parte correspondiente a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables; mientras que lo relativo al Código Civil se remitió a la Comisión de Justicia.