El Pleno del Congreso del Estado designó a Vicente de Jesús Esqueda Méndez como titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, quien rindió protesta este día y ocupará el cargo por un periodo de 4 años, a partir de hoy.

La diputada María Magdalena Rosales Cruz habló en contra del dictamen y señaló que el proceso había sido opaco y que el dictamen carecía de las más elementales consideraciones, que no podía decirse que se encontrara mal argumentado porque no existía una sola justificación de la conclusión a la que se llegó.

“No se precisa una conexión entre los antecedentes citados en el dictamen con el acuerdo emitido, ya que a lo largo del dictamen únicamente se describen los documentos que hicieron llegar cada uno de los aspirantes que cumplieron con los requisitos de la convocatoria, y sin mediar razón alguna califican a cada uno de ellos y, además, deciden quienes integran la terna final”, enfatizó.

La congresista indicó que el deficiente trabajo de la Comisión afectaba la autonomía de la Procuraduría y que en nada ayudaba a la situación que padecía la entidad. Finalmente, dijo, no podían votar a favor de un dictamen que carecía del menor sustento jurídico.

Por su parte, la diputada Claudia Silva Campos precisó que su compañera había tenido la oportunidad en Junta de Gobierno de hacer ajustes a la convocatoria y no lo realizó, y que ella no estaba dándole el aval a una persona, sino que se propuso una terna.

Enfatizó en que la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se ciñó a lo estipulado en la convocatoria y que no compartía la opinión de su antecesora porque se estaba dirigiendo al pueblo de Guanajuato diciéndole que no se hizo un proceso transparente, lo cual era falso.

También indicó que la ley no ponía limitante de filiación política o partidaria para encabezar la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, y que la Comisión únicamente determinó quienes formarían la terna y era el Pleno quien elegiría.

En rectificación de hechos, la legisladora María Magdalena Rosales Cruz indicó que no le quedaba duda de que se cumplieron los requisitos de la convocatoria pero que el proceso había habido mucho de simulación porque no se dijo cómo se otorgó la puntuación a cada uno de los aspirantes y los criterios de idoneidad.

En su intervención, la diputada Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante habló a favor del dictamen y mencionó que con base en las entrevistas cada integrante de la Comisión calificó a los aspirantes y se propuso a quienes obtuvieron la mayor calificación. Asimismo, consideró que quienes integran dicha Comisión tenían la capacidad para tomar la decisión y proponer la mejor terna.

También la diputada Katya Cristina Soto Escamilla se pronunció a favor del dictamen y apuntó que dada la importancia del Ombudsperson para la defensa de los derechos humanos, resultaba imprescindible que la designación recayera sobre la persona más capaz e idónea para el puesto.

En ese sentido, recalcó que el proceso para la elección del titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos se realizó apegado a la convocatoria y se había cumplido a cabalidad con ella. Agregó que correspondía al Congreso designar, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, al titular de dicho organismo.

“Me gustaría concluir diciendo que es imperante que asumamos la responsabilidad que nos corresponde para garantizar que todas las personas gocen plenamente de sus derechos humanos”, afirmó.

En una segunda intervención, la legisladora María Magdalena Rosales Cruz insistió en que se hablaba como tal del proceso, pero no de los criterios precisos para otorgarles la puntuación a cada uno de los aspirantes. En respuesta, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá hizo una invitación a su homóloga a que se leyera en su totalidad el dictamen, en donde obraban los anexos de todo el proceso.

El diputado Isidoro Bazaldúa Lugo externó que le preocupaba que sólo se hiciera uso de la tribuna para presentar una posición política y que cuestionará cuáles eran los criterios de idoneidad para elegir a los aspirantes, porque su homóloga Rosales Cruz era parte de la Junta de Gobierno y había tenido la oportunidad de hacer planteamientos metodológicos y sin embargo había aprobado la convocatoria sin hacer ninguna postura.

En su participación, el legislador Ernesto Alejandro Prieto Gallardo argumentó que se estaba gestando una simulación y, en consecuencia, una imposición del aspirante Esqueda Méndez, por lo que enfatizó no tenía por qué seguirse discutiendo algo que ya era muy evidente.

Además, hicieron uso de la voz la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo y los diputados Jaime Hernández Centeno y Miguel Ángel Salim Alle, quienes compartieron que el proceso había sido adecuado y que su homólogo no conocía el sentido del voto y estaba haciendo afirmaciones.

Magistrados

Asimismo, se aprobó el nombramiento de Alma Delia Camacho Patlán, Arcelia María González González y José de Jesús Maciel Quiroz, como magistradas y magistrado propietarios, respectivamente, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quienes ocuparán el cargo por 7 años, a partir de hoy que rindieron protesta.

De igual manera se designó como consejero del Poder Judicial a Arturo Razo Tapia, por el término de 4 años, quien también rindió protesta este día.

Otras aprobaciones

La Asamblea avaló los informes de resultados de las auditorias de desempeño practicadas al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con enfoque de resultados al Programa E012 Calidad y Calidez en Servicios de Salud; con enfoque de resultados al Programa K006 Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; con enfoque de resultados al Programa M001 Gestión de los Ingresos Públicos; con enfoque de resultados al Programa P004 Gestión de Centros Escolares de la Educación Básica; con enfoque de resultados al Programa S006 Asistencia y Orientación Alimentaria; y con enfoque de resultados al Programa S018 Capital Humano; así como a la administración municipal de Salamanca, todas correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.         

También se aprobó el dictamen referente a la sentencia ejecutoriada emitida por la Juez Tercero de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo tramitado bajo el expediente número 965/2019-V.

Radicaciones

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización se turnaron, para su estudio y dictamen, los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas de Romita, San Luis de la Paz y Silao de la Victoria (ejercicio fiscal 2019) y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (octubre-diciembre 2019), así como a las auditorías de desempeño practicadas al Poder Ejecutivo a los programas E016 y E044 de la Secretaría de Seguridad Pública, y E003 del Instituto Estatal de la Cultura, correspondientes al ejercicio fiscal de 2019.