El Pleno del Congreso local exhortó al Poder Ejecutivo Estatal para que prevea estandarizar la semaforización del sector educativo público y privado, con la finalidad valorar una apertura parcial de las estancias infantiles y centros educativos de acuerdo con las condiciones sanitarias y cumplimiento de los protocolos de salud, y exente para el Ejercicio Fiscal 2021, los cobros por servicios de supervisión a planteles educativos particulares, incorporados o con registro, por alumno inscrito en cada período escolar, de conformidad a lo establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020.

El diputado Armando Rangel Hernández manifestó que debido a la pandemia había dos tipos de padres: quienes debido a la situación se quedaron sin recursos y no podían pagar las colegiaturas, y por el otro, los que se negaban a pagarlas, porque sus hijos no utilizan las instalaciones del colegio.

En ese sentido, precisó que desde que comenzó la contingencia por el COVID-19 en el país, las escuelas particulares pugnaron por promover y ofrecer descuentos de entre 20% y 30% en el pago de sus colegiaturas, sin embargo, ante la pérdida de empleos o detrimento en los ingresos, dichos descuentos no resultaron suficientes en muchas familias mexicanas.

Rangel Hernández agregó que esa afectación económica había generado una situación compleja para el sector educativo, toda vez que, por un lado, padres y madres de familia buscaban acuerdos con las autoridades escolares a efecto de lograr facilidades de pago, mientras que, por otro lado, los dueños de los centros de estudio también buscaban con las autoridades escolares o del trabajo, la forma de convenir para lograr cumplir con los salarios y demás prestaciones del personal docente, administrativo y de servicios, así como gastos de mantenimiento de las instalaciones del plantel y, en otros casos, cubrir la renta del inmueble.

El congresista argumentó que este ciclo escolar estaba tendiente a llevarse, en su totalidad, bajo el esquema a distancia y que, al parecer, nadie se había tomado el tiempo para hacer el análisis jurídico y encontrar soluciones tanto al pago de colegiaturas como al pago de los salarios de los trabajadores de cada institución educativa.

Subrayó que la realidad era que no se sabía si las más de 34 mil escuelas privadas que hay en el país sobrevivirán a la pandemia.

Finalmente, indicó que la situación que enfrentaba la educación privada en todos los niveles y el planteamiento de diversas propuestas para hacer lo posible por no dejar a nadie atrás durante esta contingencia y la recesión económica que la acompaña, eran los ejes centrales que los debían ocupar en aras de salvaguardar a un sector, que lejos de considerarse un estatus quo de cierta clase social o cierto poder adquisitivo, significaba una alternativa que coadyuvaba con el sistema educativo público para la enseñanza y desarrollo de las futuras generaciones.

Para hablar a favor del punto de acuerdo, el congresista Isidoro Bazaldúa Lugo consideró importante que el Poder Ejecutivo Estatal pueda atender el exhorto, que era una propuesta loable y enfocado a apoyar a la sociedad.