Las diputadas y los diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que a la brevedad posible dé solución al desabasto de medicinas en el sector salud.

Al dar lectura a las consideraciones del documento, la diputada Mercedes Martínez Valdés indicó que en Guanajuato y en todo el país hay miles de pacientes a los que el estado mexicano no les ha cumplido el derecho humano de la salud y la escasez de medicamentos en México significaba una crisis constitucional de proporciones graves.

“Cómo puede ser posible que en el Centro Nacional 20 de noviembre del ISSSTE no hay ni paracetamol, situación que afecta al 80 por ciento de los pacientes oncológicos y no oncológicos que reciben tratamiento contra el dolor. Y no sólo hay carencia de medicamentos, sino de jeringas, agujas y soluciones, así lo manifestaron los doctores de dicho Centro, también está en desabasto la morfina y los parches de fentanilo”, enfatizó.

La legisladora también se refirió a la situación que se vive en el Instituto Nacional de Pediatría donde, incluso, dijo, las autoridades de ese hospital emitieron un oficio en el que pidieron no aceptar ninguna solicitud de traslado ya que no se cuenta con medicamentos ni material de curación.

“Es de verdad lamentable lo que ocurre en los hospitales e institutos de México, pero lo peor es que el gobierno federal no hace nada para atender este desbasto que no es nuevo y se agravó desde el arranque del sexenio”, argumentó Martínez Valdés.

La legisladora indicó que de acuerdo con la investigación “Operación Desabasto”, de las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, identifica que el desabasto se originó por una serie de políticas públicas mal planeadas y ejecutadas, que tenían como objetivo luchar contra la corrupción en la adquisición de medicamentos y ahorrar en la compra de insumos médicos.

Y que, el desabasto comenzó cuando todas las compras públicas a nivel federal, incluidas las medicinas, se hicieron responsabilidad de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un intento por reducir los costos de la compra de insumos.

Martínez Valdés enfatizó que, hasta hoy, la corrupción seguía intacta y no se ha investigado ni sancionado a ningún funcionario, y que la solución a todo esto no era complicada: si había algún problema en la compra consolidada de medicamentos, se debió corregir y mejorar el proceso; si había corrupción que se investigará y sancionará a los responsables y si había un problema de oligopolio en la distribución de medicamentos, que se fomentará la competencia en el sector y se generará con un plan estratégico una distribuidora nacional de medicamentos.

“Las preguntas son válidas para toda la sociedad y son urgentes para los miles de pacientes que no reciben medicamentos y para sus familias, que llevan ya más de dos años sometidas a un purgatorio burocrático por parte del gobierno federal, que justifica la escasez de medicinas con el pretexto de que están combatiendo la corrupción. Eso no se vale, por ningún pretexto se cobran vidas humanas, con las vidas no se juega”, finalizó la congresista.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.