La diputada María Magdalena Rosales Cruz y los diputados Enrique Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez Albo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, y al Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones lleven a cabo las labores necesarias para el pronto esclarecimiento del asesinato de Francisco Javier Barajas Piña, así como para que se brinden mecanismos de protección adecuados a quienes integran la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y Colectivos afines.

Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, la diputada María Magdalena Rosales Cruz  manifestó que en atención al exhorto realizado por la Oficina del Alto Mando de la ONU para los Derechos Humanos el pasado 9 de junio, dirigido al Gobierno del Estado de Guanajuato, consideraban que el Pleno debía pronunciarse sobre el atroz asesinato del joven Francisco Javier Barajas Piña, así como respecto a lo que significa para las familias y colectivos de búsqueda de las personas desaparecidas en la entidad.

La congresista relató que el caso de Javier iniciaba con la incansable búsqueda de su hermana Lupita, cuyos restos fueron exhumados el 19 de febrero de 2021, a casi un año de su desaparición, junto con otras 70 personas en el predio del Barrio de San Juan en el municipio de Salvatierra.

“La Oficina del Alto Mando señaló que el asesinato del joven Francisco Javier Barajas Piña era particularmente grave, en la medida que podría estar vinculado con sus actividades de búsqueda en la entidad, al ser funcionario de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Por esto, podría tratarse de un suceso que busca tener un efecto intimidatorio sobre las autoridades y los colectivos de búsqueda en Guanajuato”, subrayó la legisladora.

Rosales Cruz indicó que los colectivos han sido imprescindibles tanto para la localización y exhumación de cuerpos de personas desaparecidas desde hace años, como para el descubrimiento de múltiples fosas clandestinas en todo el estado.

“Las familias y colectivos que llevan a cabo la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad, con el fin de saber cuál es el paradero sus seres amados, se enfrentan todos los días a espacios de alto riesgo, al explorar las áreas que podrían estar bajo el control de grupos de criminen organizado, donde el Estado parece estar ausente”, afirmó.

Asimismo, dijo que el caso de Javier revelaba que los integrantes de las comisiones y de los colectivos de búsqueda de desaparecidos, al igual que sus familiares, tampoco contaban con la seguridad institucional para cuidar de su integridad física durante su búsqueda de justicia.

Finalmente, mencionó que era de vital importancia del pronto esclarecimiento de los hechos en torno al asesinato de Francisco Javier Barajas Piña, y que dicho acto intimidatorio no podía tomarse a la ligera en cuanto que demostraba la indiferencia que tenía el gobierno estatal para proteger a los familiares y colectivos buscadores, incluyendo a los funcionarios de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

El diputado José Luis Vázquez Cordero habló en contra de la propuesta. En primer lugar, dejó en claro que siempre han manifestado su solidaridad con todos los familiares de las personas que han sido afectadas por la violencia y reiteró su compromiso para combatir la inseguridad y generar esquemas que permitan vivir en paz y en armonía.

Asimismo, dijo que, aunque siempre estarán a favor de las acciones tendientes a propiciar una mayor seguridad de todos, no estaban de acuerdo en que se utilizaran los actos de violencia para utilizarlos de manera política.

“No podemos ser irresponsables en aprobar propuestas de puntos de acuerdo que no están sustentadas jurídicamente o que son notoriamente inviables. Lo importante y en el fondo, lo que realmente es relevante, es el esclarecimiento de los hechos y la protección de las víctimas, estas acciones ya se están realizando tanto por la Fiscalía como por las autoridades responsables por parte del Ejecutivo estatal”, indicó el congresista.

En rectificación de hechos, la legisladora María Magdalena Rosales Cruz se refirió a la solidaridad comentada con las víctimas y dijo que las cifras de desaparecidos continúan aumentando año con año y entonces resultaba un término hueco, que estaban pidiendo que se esclareciera el asesinato y una acción que parecía intimidatorio.

Cuestionó el por qué no actuar y exigir a la fiscalía general a que cumpla con su función, que tan sólo el fin de semana se registraron 27 asesinatos y pedirle al Gobernador que actúe con la fuerza de un mandatario, que no se estaba pidiendo un acto político con la propuesta sino datos duros y reales, que era una denuncia, y les pidió a sus homólogos no seguir protegiendo a las autoridades que no cumplen con su función.

En rectificación de hechos, el diputado Jaime Hernández Centeno se manifestó en contra de lo asegurado por su antecesora, al mencionar que las legisladoras y los legisladores se encuentra al servicio del fiscal general. Mencionó que el Poder Legislativo es independiente y se debe exigir una atención a la violencia con cauce legal, no a través de ocurrencias o de trasfondos políticos.

Los promoventes solicitaron el trámite de obvia resolución, el cual fue aprobado. Al ser sometido a votación, el punto de acuerdo no fue aprobado y se procedió a su archivo definitivo.