El Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, en materia de violencia contra las personas adultas mayores; su registro e incorporación a la vida productiva; y el derecho que tienen a la orientación sobre los servicios de geriatría, gerontología y tanatología.

En la exposición de motivos, la diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno expuso que la propuesta legal busca que la norma para garantizar los derechos y garantías a favor de las personas adultas mayores sea más eficiente, lo anterior para contribuir y propiciar un nivel de vida adecuado en torno al impulso de políticas públicas encaminadas para tales fines.

Detalló que la iniciativa contempla incorporar el derecho de las personas adultas mayores a recibir orientación en materia de nutrición, higiene y servicios de geriatría, gerontología y tanatología en su caso, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal.

“Si bien es cierto, en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ya se prevé el derecho a recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal, sin embargo, consideramos necesaria su incorporación en la Ley local, pero con el complemento de que también tendrán derecho a la orientación en lo que corresponde a los servicios de geriatría, gerontología y tanatología, entendiendo está última como la disciplina que se encarga de los estudios encaminados a procurar una muerte digna con cuidados, paliativos biológicos, psicológicos y sociales”, expuso.

La legisladora precisó que la propuesta también incluye los tipos de violencia que pueden actualizarse en contra de las personas adultas mayores como lo son: económica, física, patrimonial, psicológica, sexual y en el ámbito digital.

“Por lo que respecta a la violencia en el ámbito digital, se consideró en congruencia con la reciente reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato que se realizó sobre el tema, en las cuales, se incluyó dentro de su redacción, conductas violentas que se presentan en un ámbito como el digital; así como lo previsto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato”, refirió.

Asimismo, indicó que se agrega una sección denominada “De la incorporación a la vida productiva de las personas adultas mayores”, la cual establece que el Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, así como las dependencias y entidades que los conforman, propiciarán la contratación, dentro de su plantilla laboral, de personas adultas mayores. Además, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de las disposiciones fiscales, otorgarán subsidios y estímulos fiscales de acuerdo al número de empleados de personas adultas mayores que contraten las empresas, industrias, comercios o establecimientos.

“El continúo trato desigual en centros de trabajo, en sus hogares y en su vida diaria hace que los problemas se potencialicen y las brechas de discriminación sigan creciendo de manera de exponencial. Es necesario que a través del continuo trabajo en conjunto sociedad – gobierno, esta brecha se vaya cerrando a través de la elaboración de campañas, programas, planes de acción, normatividad y la implementación de valores se concientice a la sociedad guanajuatense de la importancia de un trato digno a estas personas.

La diputada subrayó que, en armonía y apoyo a la incorporación a la vida productiva de las personas adultas mayores, se propone la implementación del registro de las personas adultas mayores, a efecto de que el Poder Ejecutivo del Estado cuente con los datos básicos en relación a este sector de la población, logrando con ello, una adecuada planeación, desarrollo e implementación de las políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores.

“Al contar con un registro de las personas adultas mayores se elaborará un diagnóstico, por población, municipio, y región, que les permita realizar una planeación en la que se contenga: las acciones a realizar atendiendo las necesidades reales de cada población, municipio o región; la priorización de las acciones y actividades de las políticas públicas que deban implementarse; la proyección de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para su materialización; la proyección de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para su materialización; y las medidas e instrumentos que se aplicarán para garantizar la efectividad, eficacia y transparencia en el ejercicio de los recursos”, finalizó.

La propuesta legal se turnará a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.