Las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables sostuvieron una reunión con integrantes de la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato y de colectivos de familias de personas desaparecidas.

En la reunión se abordó el balance general de la situación actual de la desaparición y de la atención a víctimas; y las necesidades relativas a las Leyes de Búsqueda; de Víctimas; de la Fiscalía y de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Las y los integrantes de la plataforma, así como colectivos de familias de desaparecidos, externaron sus experiencias en la búsqueda de personas, realizaron peticiones y señalaron necesidades que consideraron necesario atender.

Angélica Almanza se refirió a la responsabilidad de los municipios, la necesidad de apoyar las búsquedas independientes, el funcionamiento de la Comisión de Víctimas y el enlace con el Sistema Estatal de Búsqueda.

Afirmó que se requería una célula de búsqueda en cada municipio, así como capacitar a los municipios con base en su problemática.

Bibiana Mendoza del Colectivo Hasta Encontrarte indicó que se requería de un enlace permanente con la Comisión Estatal de Búsqueda; que la entrega de los cuerpos sin vida sea digna e involucrar a los colectivos de búsqueda en los procesos municipales; y que se le otorgue más presupuesto a la Comisión Estatal de Búsqueda.

Pidió que se fortalecieran los Consejos Estatales de Víctimas y al de Búsqueda, y precisó que tenían una propuesta de hacer un mapeo o un censo de personas desaparecidas, pero no contaban con las herramientas para llevarlo a cabo.

Por su parte, Evelina Guzmán apuntó que Guanajuato era uno de los estados con más flujo migratorio y había un contexto de desaparición de migrantes centroamericanos y mexicanos, que incluye la desaparición forzada, el tráfico de indocumentados y los feminicidios. Propuso que el Estado compartiera datos con otras entidades para facilitar la búsqueda de desaparecidos.

También solicitó eliminar las 72 horas porque venía la revictimización con señalamientos como “se fueron con el novio”, “andaban en malos pasos”; al poco acceso a los recursos de la Comisión de Víctimas; y la falta de recursos para gastos funerarios, reparación del daño, entre otros.

En su intervención, Nailea Carreño del Colectivo una Promesa por Cumplir, centró su participación en la Comisión Estatal de Búsqueda; solicitó transparentar el uso del fondo y resaltó la falta tanto de personal como de fichas de búsqueda. Además, puntualizó que la Fiscalía tardaba en entregar los cuerpos y la forma en que lo hacían, para finalizar su intervención dijo que era alarmante la situación que vivían las buscadoras ante las intimidaciones que sufrían por parte de algunas autoridades.

Barrón Núñez refirió que la mayor macro criminalidad era en las comunidades rurales. En ese sentido, señaló que era necesario que hubiera un reglamento en el municipio para atender ese tema y obligar a las autoridades rurales (delegados) a informar sobre situaciones anómalas, casas de seguridad, entre otros, y de no hacerlo se pudiera catalogar como omisión y tipificarse en el Código Penal.

En su participación, Fabrizio Lorusso habló de la brecha que existía entre la ley y la realidad; manifestó que era importante ver cómo ayudar a reforzar, sancionar mejor y prever mecanismos más puntuales y precisos en normas que ya estaba previstas.

De igual manera, se refirió al tema de los municipios y su desconocimiento sobre los grupos de búsqueda, que por ley tendrían que haberse constituido desde 2018, y la falta de integración de las familias en esos grupos. Además, señaló que debían publicarse los registros de fosas estatales previstos en la ley, en versión pública; así como el registro de personas fallecidas y no identificadas y el registro de personas desaparecidas.

Por su parte, Raymundo Sandoval solicitó que se modifique lo relativo a los bienes decomisados a la delincuencia y que eso sea destinado a la Comisión Estatal de Víctimas; que se extinga el Fondo Estatal de Atención al Delito que administra la Fiscalía General y se integre al Fondo de Atención Integral a Víctimas. También se pronunció porque el Fondo Estatal pueda al menos ser duplicado y que los fondos correspondan a la realidad del problema que se están viviendo en la entidad.

Sandoval solicitó que se establezca una ruta en que las ideas expresadas sean traducidas en iniciativas, de corte integral, asumidas por todos los grupos y representaciones parlamentarias, y que se reconozca que en Guanajuato hay una crisis forense.

Finalmente hizo un recuento de las propuestas, entre las que señaló: fortalecer el presupuesto de la Comisión Estatal de Víctimas, las enajenaciones penales, que desparezca el fondo de la fiscalía, la responsabilidad municipal, la transparencia en los registros municipales, el  incluir el enfoque de migración, el especificar un fondo para las búsquedas, el crear enlaces permanentes con la Comisión Estatal, que haya registros estatales que sean públicos, el crear la ventanilla única de atención, el prohibir la estigmatización, el incluir a las personas buscadoras en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el crear la figura de testigos protegidos.

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández externó su solidaridad ante la situación que aqueja a las y los asistentes; comentó que estarán trabajando para suplir todas las situaciones que señalaron y que han estado pugnando para que a la Comisión de Víctimas se le otorguen más recursos, pues apoyar con lo presupuestalmente necesario era la tarea mínima que debía atender el estado.

También se refirió a las carencias del marco normativo y se pronunció porque se realicen mesas de trabajo en la materia.

Por su parte, el diputado Gerardo Fernández González consideró que el fiscal general les había mentido, ya que externó lo contrario a lo señalado por representantes de colectivos en temas como la existencia de una crisis forense, intimidación a buscadoras o testigos, atención de denuncias, entre otros.

Fernández González mencionó que no sólo organizaciones internacionales decían que los datos otorgados por la Fiscalía General no eran certeros y, enfatizó que harían frente a una fiscalía que ha sido indolente e incapaz de atender la realidad de la entidad.

En su participación, la congresista Susana Bermúdez Cano sostuvo que tomaron nota de todas las propuestas que realizaron y reconoció la tenacidad de los colectivos. También habló de la transición en las administraciones municipales y de la importancia de la continuidad.

Además, Bermúdez Cano destacó que había cuestiones que se podían revisar a través de la evaluación ex post, y que los temas abordadores se revisaran a cabalidad.

La legisladora Katya Cristina Soto Escamilla lamentó las situaciones por las que han pasado las asistentes; subrayó que las leyes eran perfectibles y era importante escucharlas para que en la norma se vean reflejadas las necesidades de las personas.

Soto Escamilla apuntó que estaban para escucharlos, pero también para trabajar de la mano; dijo que revisará todo lo expuesto en la reunión, a fin de que algunas de las situaciones allí manifestadas se vean reflejada en la ley.

En su intervención la diputada Dessire Ángel Rocha se pronunció porque haya un verdadero acompañamiento institucional y se lleven compromisos reales para que se atienda la ruta de necesidades presentadas.

El congresista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes habló de la crisis de desaparecidos que vive México desde hace años y consideró que era una de las violaciones a derechos humanos más sensibles por sus impactos.

Argumentó que entender su dolor era difícil y se solidarizaba con las familias, a quienes, indicó, acompañaran siempre respetuosamente en su pesar. Finalmente, manifestó que impulsarán acciones legislativas que coadyuven en el perfeccionamiento de la ley.

En su oportunidad, el legislador Ernesto Millán Soberanes agradeció a los representantes de los colectivos por presentar sus necesidades y los tropiezos con los que se han tenido que lidiar en la búsqueda de sus familiares.

Precisó que era una obligación como legisladores escucharlos y se llevaba la falta de sensibilidad de las autoridades para acompañarlos en la búsqueda, así como la carencia de condiciones para realizarla.

También consideró que se tenía que dar un seguimiento con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad para que les brinden protección y no lleguen solas a las búsquedas, porque al final eran espacios que continuaban vigilados por la delincuencia y no debían exponerse.

En una segunda intervención, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández adelantó que presentarán un punto de acuerdo para que el fiscal general establezca las mesas de trabajo con los colectivos.

Por su parte, el congresista Gerardo Fernández González señaló que esperaba que lo dialogado en la reunión se tradujera en una iniciativa y que no importaba quien lo hiciera, ellos se sumarían a la propuesta; mientras que la legisladora Susana Bermúdez Cano reiteró su disposición a trabajar y atender las necesidades expuestas, así como recomponer lo que la legislación requería.

Para finalizar, hicieron uso de la voz los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

La diputada Katya Cristina Soto Escamilla consideró que el tema no debía politizarse y tenían que trabajar juntos en encontrar los resultados que se estaban demandando; que estaban abiertos para seguir escuchando a los colectivos que faltan y continuarían impulsando lo que se comentó en la reunión.

La congresista Janet Melanie Murillo Chávez agradeció la presencia de las buscadoras y el aprendizaje que, a través de su experiencia, les compartieron. Agregó que había interés de conocer cómo apoyarles mejor y les pidió que les hicieran llegar, como lo habían hecho con otros grupos, las preguntas y sugerencias para poder atenderlas.

En su intervención, la legisladora Briseida Anabel Magdaleno González celebró el ejercicio de diálogo llevado a cabo este día; subrayó que serían sus aliados en esta situación y que lamentaba lo que habían tenido que enfrentar. Asimismo, puntualizó que se llevaban sus comentarios para hacer un análisis jurídico integral.

El congresista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes reiteró el apoyo a los familiares de personas desaparecidas y externó que contaban con su apoyo para impulsar acciones legislativas que fortalezcan la ley en la materia.

Finalmente, el diputado David Martínez Mendizábal manifestó que conocía el problema desde hace tiempo y que los había escuchado con dolor y admiración.

“Dolor por la sensibilidad con que se debe abordar el tema, y admiración por la valentía que han demostrado de vencer tantos obstáculos, digna de reconocerse”, enfatizó.

Además, externó su beneplácito de que todas las fracciones parlamentarias se sumen en este tema y señaló que se recibirá a los otros colectivos que han solicitado audiencia para dialogar.

En la reunión participaron las diputadas Katya Cristina Soto Escamilla, Janet Melanie Murillo Chávez y Briseida Anabel Magdaleno González; así como los diputados David Martínez Mendizábal (presidente) y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Además, asistieron las legisladoras María de la Luz Hernández Martínez, Dessire Ángel Rocha, Susana Bermúdez Cano, Lilia Margarita Rionda Salas, Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Laura Cristina Márquez Alcalá y los congresistas Gerardo Fernández González, Ernesto Millán Soberanes, Bricio Balderas Álvarez, Martín López Camacho, José Alfonso Borja Pimentel, Miguel Ángel Salim Alle, Víctor Manuel Zanella Huerta y Armando Rangel Hernández.

Por parte de la Plataforma por la paz y justicia en Guanajuato y de colectivos de familias de personas desaparecidas participaron Angélica Almanza de Salvatierra; Bibiana Mendoza, Esmeralda Medina y Norma Patricia Barrón de Irapuato; Evelina Guzmán de San Luis de la Paz; Nailea Carreño de Celaya; Fabrizio Lorusso y Raymundo Sandoval de León.