El Pleno del Congreso del Estado declaró revisados los informes de resultados de las auditorías de desempeño y a la infraestructura pública municipal; así como a las cuentas públicas practicadas a diversos sujetos de fiscalización.

Se trata de las realizadas al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato con enfoque de resultados del Programa Q0326 Mi Tienda al 100, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; y del Programa Q3064 Mi Colonia a Color, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; así como a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por las administraciones municipales de León y San Diego de la Unión,  y de las revisiones practicadas a las cuentas públicas de Guanajuato, Pueblo Nuevo y del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, todas correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

De igual manera, de la auditoría integral practicada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior, ahora Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la administración pública municipal de León por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2012, por los ejercicios fiscales 2013 y 2014, así como por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado dentro del juicio de amparo indirecto tramitado bajo el expediente número 57/2020-II, promovido por el ciudadano Arturo Zapien Álvarez.

También se aprobó el informe de los conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales y las transferencias y ajustes presupuestales del Congreso del Estado, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de febrero de 2022.

Además, la Asamblea avaló los dictámenes mediante los cuales se instruye el archivo definitivo de dos propuestas legales. La primera, corresponde a una iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal, presentada en la LXIV Legislatura, que buscaba la generación de políticas públicas para prevenir la probable comisión de delitos en los centros educativos; la segunda a un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que realizara un análisis y estudio respecto de la viabilidad de contemplar diputaciones migrantes.

Al hablar en contra del dictamen del punto de acuerdo, el diputado David Martínez Mendizábal señaló que no se hizo llegar a la legislatura lo que el exhorto solicitaba que era el estudio y la metodología de contemplar diputaciones migrantes, además de que el mismo Instituto Electoral de Estado de Guanajuato no respetó el acuerdo por el cual se le solicitaba el racionamiento y la metodología del voto migrante.

En rectificación de hechos, la legisladora Susana Bermúdez Cano apuntó que los consejeros se excedieron en la resolución en cuanto al mandato de la metodología y que la propuesta era para que se cumpliera una resolución en materia migrante y, en ese sentido, se obtuvo la información que además era notoria y pública, por lo que consideraron que no era necesario entrar a la discusión porque, incluso, ya había una fecha para dar cumplimiento a la citada resolución.

También se acordó devolver el dictamen de la propuesta de punto de acuerdo, a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública, al titular del Gobierno del Estado de Guanajuato, al titular de la Secretaría de Educación estatal, al titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, así como a los 46 municipios del Estado de Guanajuato para que, en ejercicio de sus atribuciones y de manera coordinada, realicen un estudio del estado en el que se encuentran las escuelas públicas dentro de su demarcación territorial e implementaran un plan de rehabilitación de dichos espacios.

Lo anterior, después de que la diputada María de la Luz Hernández Martínez pidió se regresara a la Comisión para tomar en cuenta la información complementaria y, en su caso, de ser procedente se modifique o se robustezca el dictamen a consideración.

Sustentó su planteamiento al comentar que se deriva del diálogo con la sociedad, así como del diagnóstico de las instituciones educativas de todo el estado que han sido vandalizadas.

Turnos

A la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se turnó para su análisis, el Informe Anual de Actividades presentado por el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de Cortazar, Cuerámaro y Tierra Blanca, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, se remitieron a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictaminación.

Asuntos generales

Al hacer uso de la tribuna, la diputada María de la Luz Hernández Martínez celebró que, en la entidad, tanto sociedad como gobierno han construido esfuerzos para multiplicar la presencia guanajuatense en el mundo.

En ese sentido, mencionó que programas como “Más Mundo en Guanajuato”, han abonado a consolidar, dijo, lo que el gobernador ha definido como mentefactura, para mejorar el desarrollo profesional y humano de los jóvenes guanajuatenses.

Hernández Martínez enfatizó que no sólo se quiere fabricar y construir, sino que se requiere diseñar y proyectar el futuro de las mejores empresas del mundo, y que éstas, sean fundadas y dirigidas por guanajuatenses.

“Estoy convencida de que al darle a los jóvenes talentosos la confianza y el respaldo para que conozcan el mundo y aprendan un idioma, una carrera profesional o un posgrado, no solo estaremos ampliando su panorama personal, sino que les brindaremos las condiciones de conocimiento que necesitan para que sus ideas se transformen en empleos, en progreso y en prosperidad para Guanajuato”, puntualizó.

Concluyó su participación al mencionar que a la presente legislatura le corresponde aportar en la trayectoria del estado, legislar para construir el futuro de todos los guanajuatenses, así como sentar las bases jurídicas que faciliten la consolidación de todos los grandes y pequeños proyectos de la sociedad guanajuatense.

En su intervención, la diputada Dessire Ángel Rocha señaló que la organización de defensa de los derechos humanos, conocida como AMICUS hizo público que ganó un amparo al Congreso del Estado de Guanajuato por haber excluido a la comunidad LGBTIQ+ de asignaciones presupuestales 2022 en las dependencias centralizadas y descentralizadas del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

Ante ello, la legisladora anunció que presentará una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, a fin de transparentar la toma de decisiones y proponer que sea informado, en todo momento, a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato, todo proceso o decisión referente al recinto legislativo.