Guanajuato, Gto. – La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del grupo parlamentario del MORENA, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Fiscal General del Estado de Guanajuato para que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de que se atienda y agilice el proceso de investigación correspondiente a la carpeta de investigación con número 1252731/2021; así como al secretario de Seguridad Pública estatal para que revise y atienda el estado que guardan los derechos humanos y laborales de las personas prestadoras de servicios en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar su seguridad.

Al dar lectura a las consideraciones del documento, la congresista señaló que la seguridad pública es uno de los temas más complejos al que se enfrenta el país, la ola de violencia en la que se ha visto envuelto México ha afectado y desmembrado progresivamente el tejido social.

Apuntó que, Guanajuato se ha convertido en lugar de sitio para grupos criminales, dejando en completa vulnerabilidad a la sociedad guanajuatense. Sin embargo, dijo, la dimensión del problema no puede reducirse solo al fenómeno del narcotráfico, sino que existen otros elementos que deben atenderse, como los procesos de transformación de las instituciones que hoy se encuentran fracturadas, corrompidas e inoperantes.

Alcaraz Hernández precisó que el fenómeno de inseguridad no podía circunscribirse únicamente a delitos violentos, porque dentro del conjunto de formas de violencia que generan la inseguridad y que producen grupos organizados delictivos, se encuentran también los delitos de cuello blanco, llevados a cabo por funcionarios públicos.

“Esos delitos permiten y propician conductas violentas y permisivas ante casos de violación de derechos humanos, de corrupción y de abuso de autoridad, entre otras, lo que ha dado como resultado instituciones débiles en valores que responden y actúan en favor de intereses particulares de la élite política y económica”, puntualizó la congresista.

Después de relatar el caso de Juan Antonio Córdova Álvarez, ex integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado subrayó que hoy tenían un Estado en llamas, donde se permitían violaciones a los derechos humanos dentro de las mismas instituciones, como lo era el citado y del que ya hay una denuncia, ante el ministerio público, por el delito de abuso de autoridad.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su dictaminación.