El diputado Pablo Alonso Ripoll presentó un punto de acuerdo, de obvia resolución, para exhortar a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del municipio de Irapuato, para que en cumplimiento de sus atribuciones investigue el cumplimiento o no de las obligaciones de las y los elementos de policía que realizaron detenciones en la manifestación de mujeres, el pasado primero de mayo, y en relación a las denuncias que debieron presentarse por todo aquel integrante de la corporación policial al tener conocimiento de los hechos cometidos por sus compañeras y compañeros.

El legislador comentó que el pasado domingo en la ciudad de Irapuato un grupo de mujeres decidió ejercer su derecho humano de libre manifestación, agregando que la policía municipal realizó detenciones arbitrarias y represión contra las manifestantes.

“Grabaciones de video casi en el momento que esto sucedía, comenzaron a difundirse a través de diferentes redes sociales, hasta convertirse en noticia nacional. En varios de estos videos es claro y evidente que las mujeres detenidas no opusieron mayor resistencia, y al estar prácticamente esposadas o inmovilizadas fueron agredidas físicamente por las mujeres policías que las detuvieron, con total dolo e intención”, dijo.

El congresista especificó que la situación mencionada no sólo implicó un incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado y Municipios de Guanajuato, sino también representaba una violación a los derechos humanos de las mujeres manifestantes.

“Debe aclararse si el actuar de las policías se trató de una orden superior con el argumento de circunstancias especiales; y finalmente, debe informarse sobre el cumplimiento al interior de la corporación de seguridad pública de Irapuato de las denuncias que obliga la Ley llevar a cabo cuando se tiene conocimiento de ese tipo de conductas cometidas por policías”, concluyó.

El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta habló en contra de la propuesta y manifestó que coincidían totalmente en la libertad de manifestar las ideas, que era un derecho de todos los ciudadanos.

Asimismo, dijo que desde la máxima tribuna del Estado visibilizaban cualquier conducta y a cualquier autoridad que realice acciones en contra de las manifestaciones pacíficas, pero también consideraban que debía mantenerse la paz, la seguridad y la tranquilidad de toda la ciudadanía y respetar el derecho de los demás.

Agregó que la propuesta perdía materia porque el día de ayer la presidenta municipal de Irapuato reconoció el abuso policial en la marcha aludida y, derivado de esos hechos, ya se estaba atendiendo el tema tanto por el ministerio público, como por asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública del mencionado municipio, y que la Procuraduría de los Derechos Humanos ha abierto una investigación para poder aclarar el tema de las manifestaciones en esa ciudad y dado cuenta a nivel nacional a los encargados de salvaguardar los derechos humanos de las personas.

Finalmente, Zanella Huerta precisó que debían ser respetuosos de las indagatorias en curso, ya que tenían la certeza que se deberá esclarecer de manera profesional y objetiva, fincando las responsabilidades y sanciones pertinentes, acorde a las competencias de las autoridades competentes.

La solicitud de obvia resolución fue aprobada. A someterse a votación la propuesta se rechazó y se acordó su archivo definitivo.