El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del estado de Guanajuato, Alejandro Arias, castigó a la diputada Yulma Rocha Aguilar, por votar en contra de la reforma legal que buscaba ampliar el tiempo de actuación de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad publica.

En un comunicado, la legisladora reveló que «se me retirarán los apoyos administrativos y económicos a los que tengo derecho para el desempeño de mis funciones legislativas y para el cumplimiento de las atribuciones inherentes al cargo de Diputada; argumentando que había una línea partidista que incumplí».

Argumentó que la decisión de votar en contra de la militarización de la seguridad pública fue un acto en ejercicio de mi autonomía como Diputada, pero también por convicción, por responsabilidad, y en congruencia con nuestro propio Programa de Acción priista que indica como un retroceso el hecho de que la seguridad pública debe ser una tarea del ejército.

En entrevista Yulma Rocha, refirió que “mi coordinador de grupo parlamentario (Alejandro Arias) me anunció ese mismo día, que debido a que yo no cumplí con la línea partidista me iban a retirar los apoyo económicos y administrativos a los cuales tengo derecho para las actividades, atribuciones inherentes a mi cargo de diputada; me parece lamentable que usen los recursos públicos para coaccionar; castigarme por ejercer mi derecho y defender mis principios es un acto arbitrario e ilegal que busca limitar y menoscabar el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo de Diputada».

«Utilizar los recursos públicos como un instrumento de represión, coacción o amenaza política para restringir derechos es un acto perverso e ilegal y es un indicador de descomposición institucional y política», se lee.

La política irapuatense informó que la inviolabilidad parlamentaria se reconoce en la doctrina internacional y en la Constitución como una institución parlamentaria que protege las opiniones y los votos de las legisladoras y legisladores de cualquier responsabilidad jurídica ante los intentos de censurar, reprender o castigar por lo que han dicho o hecho en el ejercicio de la función parlamentaria.

«Por lo tanto, estaré emprendiendo las acciones necesarias al interior del Congreso y ante las instancias que corresponda para que se respete mi autonomía como Diputada y mi capacidad para tomar decisiones.
Los principios de libertad y lealtad no son excluyentes, pero cuando solo queda la disciplina, el debate se elimina y la pequeñez política prevalece», enfatizó Yulma Rocha.