Con participación de representantes del Supremo Tribunal de Justicia, de la Secretaría de Gobierno, de la Coordinación General Jurídica y del Colegio Estatal de Notarios, las diputadas y el diputado que integran la Comisión de Justicia analizaron la iniciativa de reforma al Código Civil con la que se busca crear un Registro Estatal de Deudores Alimentarios. 

La diputada Martha Isabel Delgado Zárate habló sobre el origen de la iniciativa. Dijo que se fundaba en el hecho de que el derecho a recibir alimentos era un elemento de derecho en familia que se consideraba como parte del derecho fundamental a un nivel de vida adecuado.

Apuntó que la propuesta buscaba crear un registro de personas físicas que adeuden pensiones alimentarias, y que se consideraba como deudor a aquella persona que incumpliera con sus obligaciones por un periodo de 60 días. Agregó que no se pretendía crear un Registro Público de Deudores sino construir un medio que permita exigir a los deudores alimentistas cumplir con sus obligaciones.

José Federico Ruiz Chávez de la Coordinación General Jurídica mencionó que la finalidad de la propuesta era loable, sin embargo, discrepaban de los mecanismos que se estaban proponiendo. Mencionó, en cuanto al Registro de Deudores y su incorporación al Registro Civil, que no era compatible.

Por su parte, Francisco Alejandro Lara Rodríguez del Colegio Estatal de Notarios mencionó que una iniciativa de esta naturaleza que pretendía generar una institución jurídica que atienda una de las cuestiones graves que se presentan en la vida cotidiana era importante pero que con el Registro de Deudores se buscaba hacer presión y lo que se tenía que lograr era que se cumplieran.

Indicó que se tendría que hacer un registro de carácter patrimonial más vinculado al Registro de la Propiedad que al Registro Civil y, contrario a lo que se planteaba, debía ser de carácter público.

En su intervención, Luis Miguel Aguirre Aranda, director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarias, argumentó que coincidían en la esencia de la propuesta en cuanto al cumplimiento estricto que debe haber de otorgar pensiones alimentarias, sin embargo en cuanto al planteamiento como tal, consideraba que no era una competencia que podía atribuírsele al Registro Civil porque era una cuestión patrimonial.

Juan Hinojosa Dieguez, director del Registro Civil, se pronunció en el mismo sentido de sus antecesores, consideró que era un gran esfuerzo de salvaguardar los derechos de alimentos, pero la operatividad en el Registro Civil no sería la idónea para llevar el Registro de Deudores porque su naturaleza era declarativa y que como se está planteando no se lograría lo que se estaba buscando.

La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá destacó la coincidencia en que la institución idónea como para tutelar el desarrollo del registro sería el Registro Público de la Propiedad, el no estar desnaturalizando la figura y modificar la redacción para darle una mejor operatividad.

Además, se dio seguimiento a dos iniciativas de reforma al Código Civil. La primera, en materia de pensión compensatoria, y la segunda para regular la procreación con asistencia médica, protegiendo la decisión de voluntad de quien quiere ser padre y/o madre con todas las obligaciones y facultades que implica la filiación.

De igual manera se radicaron dos propuestas legales. La primera, a fin de reformar la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato.

Dicha iniciativa se remitirá a las diputadas y diputados integrantes de esta LXIV Legislatura y al Supremo Tribunal de Justicia, quienes contarán con un plazo de 10 días hábiles para remitir su opinión y, por el mismo periodo, se habilitará una liga en el portal del Congreso para consulta y participación ciudadana.

La segunda, pretende derogar diversos artículos del Código Penal que actualmente sancionan el llamado “halconeo”. En este punto, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá, indicó que solicitarían información a la dirección de asuntos jurídicos del Congreso del Estado sobre el estatus de la acción de inconstitucionalidad y posteriormente poder establecer la metodología de estudio.

Al respecto, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo señaló que, independientemente del tránsito de la acción de inconstitucionalidad, se fijara la metodología correspondiente. Márquez Alcalá enfatizó que estaba vinculada y, por lo tanto, era importante esperar la información del área jurídica para poder formular la mecánica de estudio.

Prieto Gallardo fue enfático en que no era necesario, mientras que la congresista Jéssica Cabal Ceballos precisó que era conveniente esperar porque en su iniciativa estaba vinculada, por lo que sometieron a votación la propuesta del legislador Prieto Gallardo, la cual no fue aprobada.