El Pleno del Congreso local aprobó reformas al Estatuto del Servicio Civil de Carrera de los Servidores Públicos del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

Con dichas reformas se crea el Comité del Servicio Civil de Carrera de los Servidores Públicos del Poder Legislativo, órgano colegiado de carácter permanente que tendrá por objeto coordinar el Servicio Civil.

Asimismo, se precisa que, para el mejor desempeño de sus funciones, el Comité se podrá asesorar de personas, instituciones u organismos especializados en materia de servicio civil de carrera o en administración pública.                 

Como parte del orden del día de la sesión, la Asamblea declaró revisados los informes de resultados relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, correspondiente al periodo comprendido octubre-diciembre de 2019; del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, Salvatierra, Salamanca, Cortazar, Santa Cruz de Juventino Rosas y León; así como a las auditorías practicadas al Ramo General 33 y obra pública, respecto a las operaciones realizadas por Ocampo, Salamanca, Silao de la Victoria, Victoria, Irapuato, León, Jerécuaro, Cortazar, Valle de Santiago y Celaya, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

En lo que respecta al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la legisladora María Magdalena Rosales Cruz habló en contra del mismo, y mencionó que el dictamen general de la revisión de cuenta pública de la institución estatal de procuración de justicia era absurdo, pues en ambos informes, la Auditoría Superior del Estado no dudó en emitir como opinión que esa institución procuradora de justicia cumplió con las disposiciones normativas aplicables.

“Puede observarse que a la Auditoría Superior Estatal le tembló la mano para hacer alguna observación a la Fiscalía, pues a diferencia de cuando revisa a los municipios o a entidades menos cobijadas por las élites de este estado, el Auditor Superior no se preocupó por solicitar la realización de procedimientos de auditoría adicionales relevantes apegados a los riesgos que pueden presentarse en dicha institución”, subrayó la legisladora.

Rosales Cruz señaló que más allá de las poco productivas verificaciones de empresas que facturan operaciones simuladas, o las escuetas consultas sobre socios de personas morales que suministraron bienes o servicios a la Fiscalía, en la auditoría a la cuenta pública de la Fiscalía, no se llevó a cabo ningún procedimiento de auditoría adicional relevante y pareciera que para el titular de la Auditoría no existieron riesgos específicos que ameritaran procedimientos adicionales planificados según la naturaleza de las actividades registradas en dicha institución.

“Nos posicionamos en contra de un informe de auditoría que, con las deficiencias y áreas de oportunidad mostradas, pretende validar a la Fiscalía General del Estado como una entidad pulcra que no requiere observación o recomendación de ningún tipo”, finalizó la diputada.

En rectificación de hechos, el diputado Víctor Manuel Zanella habló sobre los alcances y desarrollo de la auditoría y mencionó que respecto a los resultados obtenidos debía de destacarse que se comprobó que la gestión financiera fue realizada con transparencia y atendiendo a los criterios de economía, eficiencia y eficacia; propiciando su óptimo aprovechamiento en cumplimiento de lo dispuesto en las normas relativas a ingresos y egresos y las demás disposiciones legales aplicables.

Apuntó que el hecho de señalar los resultados se orientaba a una visión ajena a la naturaleza de la revisión; incluso bajo una pretensión subjetiva que desatendía y minimizaba sin sustento el trabajo que profesionalmente había sido desarrollado.

El diputado Enrique Alba Martínez habló en contra del informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Poder Ejecutivo y mencionó que uno de los problemas de dicha revisión es que se realizaron muy pocas observaciones, al punto de ser la cantidad más baja de observaciones que se han registrado desde la revisión a la cuenta pública de 2014.

“Esto tiene dos posibles explicaciones: o el gobierno estatal gasta muy mal el recurso enviado por la federación, y muy bien el recurso propio; o, en realidad, la ASEG no está llevando a cabo una buena labor en la fiscalización de la cuenta pública del Poder Ejecutivo.  Cuando a esas posibles explicaciones se les añade un panorama en el que las instituciones estatales llevan casi 30 años capturadas por el mismo partido político, adquiere sentido la hipótesis de que la entidad superior de fiscalización local no está llevando a cabo sus labores de manera efectiva y con verdadera autonomía respecto al Poder Ejecutivo estatal”, dijo.

En rectificación de hechos, el diputado Víctor Zanella Huerta comentó que la ASEG lleva a cabo un trabajo profesional en la revisión de cuentas. Refirió que dicho organismo se encarga de garantizar que los recursos públicos sean utilizados conforme lo marca la ley y en total transparencia.

“Conforme a dicha revisión se nos presentó el informe de resultados de la cuenta pública que se menciona y es importante señalar que superó el porcentaje mínimo del 30 por ciento determinado en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, llegando una muestra auditada del 100 por ciento de los ingresos y el 45 por ciento de los egresos para la administración pública centralizada y adicionalmente lo relativo a los organismos descentralizados…Lo anterior habla de un buen ejercicio público y los resultados son claros y las evidencias no pueden desprenderse violación alguna”, expuso.

De igual manera de las auditorías específicas practicadas al Poder Ejecutivo del Estado, por lo que respecta a las operaciones realizadas del Programa Integral de Enlace y Monitoreo en Materia de Seguridad Pública (ESCUDO), correspondientes al ejercicio fiscal 2019; específica practicada a Yuriria, en materia de obra pública, respecto a los procesos de planeación, programación, presupuestación, contratación y ejecución de la obra Estabilización del suelo con CBR Plus en la calle Tepeyac, colonia Guadalupana de Yuriria; a Silao de la Victoria, relativa a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y control del contrato MS/LP/PIDH/CUARTOADICIONAL/2016/02, de fecha 15 de julio de 2016, así como sus respectivos convenios modificatorios, correspondiente al periodo comprendido por los ejercicios fiscales de los años 2016, 2017 y 2018; y a Salamanca, en cumplimiento a la resolución de denuncia de investigación de situación excepcional ASEG/DGAJ/DISE/10/2019, respecto a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y control del contrato DGOP/LS/LE/RM/MUNICIPAL/035-18, de fecha de 27 de julio de 2018, consistente en la terminación de la obra denominada 2da. Etapa de Camino de Rancho Nuevo a Cerro Gordo en Salamanca.

La diputada Vanessa Sánchez Cordero habló en contra de la auditoría respecto a las operaciones realizadas del Programa Integral de Enlace y Monitoreo en Materia de Seguridad Pública (ESCUDO), y señaló que le sorprendió conocer que aún estaba vigente y saqueando las arcas estatales, evidentemente sin resultados, transparencia y sin mayor prueba de su efectividad más que la de levantar tótems de acero en puntos poco estratégicos del estado.

Después de indicar que eran insuficientes el alcance y resultados arrojados por esta auditoría específica, subrayó que era lamentable que a pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de los años se presente un informe de resultados que contiene la menor información posible y únicamente se determine que hay cumplimiento sin dar los elementos y la certeza de que es así.

“Solicitamos se vote en contra del dictamen que se pone a consideración para fines de que se devuelva el mismo y se evidencie con mayor sustento toda la operación relacionada con el Programa Escudo y el porqué de la determinación de sin observaciones cuando claramente es obvio que los servicios prestados bajo dicho contrato no han tenido utilidad alguna para devolver la paz y tranquilidad a Guanajuato ni han sido herramienta útil para la prevención”, finalizó Sánchez Cordero.

En rectificación de hechos, el diputado Víctor Zanella Huerta expuso que los resultados obtenidos de la revisión que se hizo corresponden al objetivo y los alcances que se plantearon para el desarrollo de dicho programa. Mencionó que la muestra auditada correspondió al cien por ciento del recurso destinado para tal fin, revisando información contenida en los procesos, reportes operativos contables, presupuestables y programáticos.

El legislador señaló que, si bien, producto de la revisión, no se emiten observaciones o recomendaciones, deriva que conforme a lo auditado se advierte el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables al ente auditado.

“Se hizo un trabajo profesional, apegado a derecho por parte de la ASEG, cuyo resultado se sustentan apegados a la norma y con base en evidencias eficientes y adecuadas, consecuencia de que la administración del Poder Ejecutivo fue responsable y no cae en ningún incumplimiento de objetivos”, aseguró.

También de las auditorías de desempeño practicadas al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con enfoque al sistema, sobre el funcionamiento de los procesos sustantivos de acceso, elegibilidad, seguimiento y distribución de apoyos a efecto de conocer el grado de eficiencia, eficacia y calidad de los resultados de la gestión Programa Q0262 Trabajemos Juntos, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020; y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con enfoque de diseño, cumplimiento y resultados de los programas E044 Participación de la Sociedad en la Prevención del Delito y E016 Certeza Jurídica y Derechos de los Internos, por el ejercicio fiscal 2019.

Además, de la auditoría integral practicada a las operaciones realizadas por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya,  correspondientes a los ejercicios fiscales de 2016, 2017 y 2018; así como de la auditoría practicada a León por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2012, por los ejercicios fiscales de los años 2013 y 2014, así como por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo  tramitado bajo el expediente número 403/2019.

Igualmente, se aprobaron los informes de los conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales y las transferencias y ajustes presupuestales del Congreso del Estado, correspondientes al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2021, y del 1 al 30 de abril de 2021.

Turnos

El informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativo a la auditoría específica de cumplimiento financiero practicada al Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato, por el ejercicio fiscal de 2019, se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.