Con la finalidad de fortalecer la actuación de las instituciones policiales y la incorporación de la perspectiva de género, el Pleno del Congreso aprobó modificaciones a la Constitución Política local.

Las reformas establecen que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Además de que le comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

Asimismo, refieren que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución.

También, indican que la formación y el desempeño de los integrantes de las instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva de género.

Al hablar a favor del dictamen, el diputado Miguel Ángel Salim Alle señaló que con el dictamen en cuestión la federación, los estados y los municipios, asumen la función de seguridad pública desde una perspectiva orientada a la salvaguardar la vida, las libertades y del patrimonio de las personas.

Asimismo, expuso que se asume el compromiso de contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, lo cual dijo, será posible a través del diseño de estrategias de prevención, investigación y persecución de los delitos, e infracciones administrativas, en un marco de respecto a las competencias de cada orden de gobierno, sea este federal, estatal o municipal.

“Como Poder Legislativo es nuestra responsabilidad actuar, y vigilar, que en el ejercicio de poder público se actúe apegados a lo que expresamente establece la ley fundamental nos confiere. Aunado a este principio, debemos de vigilar que la actuación del poder público también se apegue a un ejercicio imparcial, fuera de todo vicio o prejuicio que impida un ejercicio objetivo de las autoridades”, finalizó.